La defensora del Pueblo, Adriana Santagati, compartió esta mañana el informe in voce anual que resume los principales ejes de actuación entre los años 2021-2022, período que comprende la finalización de su primer mandato y el comienzo del segundo, a cargo de ese organismo.

Acompañada por su adjunto, Álvaro Larreguy, contextualizó este informe en las consecuencias sociales y económicas que dejó la emergencia sanitaria por covid-19, y evaluó que la crisis derivada de esta pandemia impuso la necesidad de repensar el funcionamiento de la burocracia estatal, “un cambio cultural sobre el que venimos insistiendo y que genera muchas resistencias”.

En este sentido, reclamó que no se trata de replicar la misma forma de trabajar con más tecnología, lo que denominó burocracia digital, sino de aprovechar las herramientas tecnológicas “para hacerle la vida más sencilla a la gente”.

A través de ejemplos de situaciones reales, intentó demostrar que “a diferencia de lo que ocurre cuando se trabaja bajo el paradigma burocrático, el paradigma de la eficiencia permite encontrar soluciones en menor tiempo.”

Explicó que el esquema de trabajo de la Defensoría prioriza las instancias de diálogo y participación, y la conformación de grupos de tarea con actores involucrados, poniendo en el centro a la persona afectada y buscando acuerdos para que, desde las competencias propias de cada organismo, se pueda lograr la restitución de los derechos vulnerados.”

Estuvieron presentes durante el discurso los defensores del Pueblo de Viedma, Marín Pérez Morando, de San Antonio, Gabriel Bottari, de Bariloche, Analía Woloszczuk, la delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación,  María Eugenia Rodríguez.