Ante información difundida en medios de comunicación, en los que trascendió el acta de la reunión de la mesa de diálogo del 10 de febrero pasado entre el Gobierno Nacional y organizaciones mapuches por el conflicto de Villa Mascardi, la mesa Consenso Bariloche expresa su preocupación, rechazo y repudio a todo tipo de entendimiento fuera del marco de la causa judicial en curso.

Según la información periodística, el gobierno nacional, representado por el Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, se comprometió a ceder a la Lof Lafken Winkul Mapu 10 hectáreas de tierras fiscales en el Lago Guillelmo, a la permanencia de la figura antropomorfa que consideran sitio sagrado y de Betiana Colhuan, una de las detenidas a la que consideran autoridad espiritual, en el Parque Nacional Nahuel Huapi y a la construcción en ese lugar de tres viviendas para la familia de Colhuan, sus colaboradores y las personas que vayan a consultarla. Mientras tanto, los vecinos de Villa Mascardi que perdieron sus casas, usurpadas, incendiadas y vandalizadas a manos de integrantes de este grupo, no reciben compromiso de reparación económica ni tampoco de reparación judicial, debido a la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en la causa, que pidió la suspensión de un juicio en proceso mientras dure la mesa de diálogo.

El juez subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, desestimó el planteo de la defensa de tres de las detenidas de Villa Mascardi al considerar que “no es este un proceso de usurpación como cualquier otro”, ya que “entre 2017 y 2022, durante la permanencia de las personas que integraron las autodenominada “Lafken Winkul Mapu” en la zona de Villa Mascardi, se sucedieron más de 200 hechos delictivos entre incendios, robos, atentados con armas de fuego”.

Para que la sociedad comprenda la magnitud de la gravedad de los hechos institucionales de los que somos testigos, un grupo de personas que se denomina comunidad mapuche sin estar registrada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACi), personas que usurparon y vandalizaron propiedad pública y privada, cortaron rutas, atacaron micros turísticos y agredieron a personas, hoy varios de ellos procesados por la Justicia, algunas detenidas y otros prófugos de la Justicia, son premiados por el Gobierno Nacional, que los libera de la acción judicial, les concede tierras patrimonio de todos los argentinos y les construye viviendas justo al lado de las que legítimos propietarios perdieron porque ellos las incendiaron. Como venimos señalando desde la creación de Consenso Bariloche, frente a la usurpación de tierras públicas y privadas, el gobierno adopta una postura de parte, sistemáticamente incumple con el mandato constitucional de cuidar el estado derecho y desoye la posición de la ciudadanía argentina que mayoritariamente rechaza la violencia como método de reivindicación de derechos.

Consenso Bariloche