La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió la decisión del Ministerio de Capital Humano de cerrar los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social y se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en todo el país.

Se trata de 59 centros distribuidos en todo el territorio nacional, en los que prestan servicios más de 600 trabajadores. Su cierre fue comunicado de manera totalmente informal por la cartera que dirige la ministra Sandra Petovello vía la red social Twitter.

“Es inaceptable que se hable de cajas de la política y de ñoquis cuando la mayoría de los trabajadores están precarizados y hasta ponen plata de sus bolsillos para garantizar programas y prestaciones”, lanzó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar en respuesta a los dichos de la funcionaria y remarcó que “tenemos que defender la presencia del Estado Nacional en las provincias y las políticas públicas que a través de los años se lograron consolidar. Por eso hemos convocado a asambleas en todo el país y no descartamos tomar medidas de fuerza”.

Cabe destacar que los Centros de Referencia (CDR) son oficinas descentralizadas del ex Ministerio de Desarrollo Social, convertido hoy en secretaría dentro del organigrama del Ministerio de Capital Humano. Su funcionamiento es clave para garantizar políticas públicas que brindan derechos a las mayorías populares y vulnerables. En este esquema las y los trabajadores conforman equipos profesionales y de administrativos que desarrollan desde la contención a familias en situación de vulnerabilidad o que transitan situaciones especiales -como una enfermedad oncológica, la necesidad de audífonos o enfermedad definitivas- hasta trámites vinculados a programas como el Monotributo Social, la tarjeta Alimentar, Capacitaciones y Talleres, entre otros.

“Con la eliminación de los Centros de Referencia, el Gobierno muestra toda su crueldad porque abandona a millones de personas en todo el país, justamente los sectores sociales más vulnerables de la sociedad. La decisión no tiene nada que ver con achicar gastos, se trata de una política que apunta a la desintegración social”, reclamó Aguiar y agregó: “Esta medida pone en riesgo 600 puestos de empleo y se traducirá en un crecimiento notable de los índices de pobreza e indigencia, porque a partir de esta resolución el Estado elimina numerosos programas y retira su presencia del territorio”.