El año había comenzado con un gigantesco asado para trece mil personas en la localidad de Victorica, La Pampa. Gómez Fuentes, el periodista que desde ATC ejerció durante la guerra de Malvinas uno de los principales roles en el aparato de propaganda del régimen, meses antes había acompañado a los Estados Unidos al general Leopoldo Fortunato Galtieri, único protagonista del singular mitin oficiado bajo las lonas de un circo.

El conductor de “60 minutos”, el noticiero que compartía con Silvia Fernández Barrios, calificó a Galtieri, tras regresar de ese viaje, como el general mimado de la potencia del norte. El general mimado como lo llamó Gómez Fuentes –o “mamado” como lo bautizó la revista Humor- tenía pretensiones democráticas. Soñaba con ser presidente constitucional de los argentinos y Victorica era el punto de arranque de su plan que estaba íntimamente vinculado con Malvinas.

Galtieri pensaba, como otros jerarcas de la dictadura, que si la operación de recuperación del archipiélago resultaba exitosa, el pueblo apoyaría la continuidad de los militares en el poder, pero esta vez a través de las urnas para legitimar -con el aval de la voluntad popular- los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, el 30 de marzo de 1.982, la CGT-Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, lo sacude con una gigantesca movilización bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo” que complica el frente interno de su gobierno y Galtieri no duda en ordenar una represión brutal para aplastar la protesta.

Al grito de “¡se va a acabar la dictadura militar!” miles de manifestantes pertenecientes al movimiento obrero, a partidos políticos, a organismos defensores de los derechos humanos y a las Madres de la Plaza de Mayo, marchan sobre Buenos Aires mientras otros tantos miles se suman en Mar del Plata, Rosario, Neuquén y Mendoza donde las fuerzas de seguridad, en la ciudad cuyana, asesinan a José Benedicto Ortiz, dirigente de AOMA, el sindicato de los obreros mineros.

Al concluir la jornada los principales líderes de la movilización son detenidos. El frente interno, disciplinado con el aparato de represión más brutal, comenzaba a quebrantarse. La plata dulce, el “deme dos”, los multitudinarios viajes a Miami, la destrucción de la industria, la caída de los salarios, la deuda externa, la bicicleta financiera, el liberalismo económico, el desempleo, la pobreza, todo ello sumado a las consecuencias de las políticas represivas, a los secuestros y a la desaparición forzada de personas, provocan una reacción creciente en vastos sectores de la población como quedó evidenciado ese 30 de marzo. Galtieri, que ya conocía los informes de distintos observadores extranjeros que vaticinaban un final cercano para el Proceso, decide, para descomprimir la tensión interna, adelantar la recuperación de las Islas Malvinas e instrumentar de inmediato el plan que se le había encomendado al vicealmirante Juan José Lombardo el 15 de diciembre de 1.981 por el jefe de la Armada, el ex almirante Anaya. Pero a fines de marzo de 1.982 la operación militar aún no estaba concebida en todos sus detalles.

El plan de Lombardo

Lombardo comienza a planificar la recuperación de Malvinas y fija como fecha tentativa, por su fuerte carga simbólica, el día 9 de julio de 1.982. El diseño estratégico indicaba la necesidad de dar marcha atrás a la llamada Operación Georgias del Sur que se había iniciado en octubre del año anterior con el objeto de ocupar estas islas ubicadas al este de Malvinas, separadas por 1.600 kilómetros del bravío mar austral. Para Lombardo, cualquier presencia militar argentina en las Georgias carecía de sentido, en tanto podía actuar como disparador de una alerta en el Reino Unido y anular el factor sorpresa para la recuperación de Malvinas. Pese a ello, un grupo de marinos comandados por el teniente Alfredo Astiz, al amparo del almirante Otero, desembarcan en las Georgias el 23 de marzo autodenominándose “Grupo de Invasión Los Lagartos”. Astiz lleva a cabo algunas

acciones provocativas ante unos pocos efectivos británicos y ordena la colocación de bombas cazabobos en las inmediaciones del lugar donde había desembarcado su grupo. Este episodio fue determinante para los británicos: comienzan a sospechar que el objetivo final era otro, tal cual se lo informó a su gobierno el cónsul inglés en Buenos Aires. Anaya, paralelamente, advierte que la operación de Astiz hacía peligrar el plan de Lombardo, lo que puso en evidencia el fragmentado y anárquico orden jerárquico de la Armada, efecto de las formas de operar que adoptaron las Fuerzas Armadas durante la represión. Frente al temor de que la recuperación de Malvinas se frustrara, Anaya le recomienda a Galtieri el adelantamiento de los plazos. Este hecho, sumado a la tensión interna que comienza a experimentar la dictadura, deciden a Galtieri a ordenar que el 2 de abril se inicien las acciones militares sobre Malvinas cuando aún las tropas no estaban suficientemente preparadas ni habían llegado al país los seis aviones provistos con misiles Exocet comprados a Francia y que para Lombardo constituían el mejor sistema de armas para el éxito de la operación.

La recuperación de Malvinas, en resumen, nacía en un verdadero desorden que se acentuará en las semanas siguientes. La presencia en Viedma de una división de tanques alojados en el establecimiento “La frutícola” durante todo el conflicto demuestran hasta qué punto llegó la irresponsabilidad de los jefes militares que mantuvieron, en plena hostilidades, fuertes discrepancias de orden político que ni siquiera la guerra pudo mitigar. Aquellos tanques, estacionados en cercanías de San Javier durante la mayor parte de la guerra, no estaban allí para atender las circunstancias del conflicto con Inglaterra pero sí para obedecer a las internas del régimen y a los temores de un autogolpe.

El hermanito del Norte

La Doctrina de la Seguridad Nacional, en torno a la cual los Estados Unidos formaron en la Escuela de las Américas a decenas de oficiales de los distintos ejércitos latinoamericanos, es el marco donde se inscriben los golpes de Estado que se suceden en América Latina en los años setenta. Luego del asesinato de Kennedy, la política de la Alianza para el Progreso, impulsada por el presidente asesinado para desalentar el fuego revolucionario encendido por Cuba, es reemplazada por la Doctrina de la Seguridad Nacional que justificará no sólo los golpes de Estado que se suceden en la mayoría de los países como el nuestro sino también las prácticas represivas más crueles que contarán, en muchos casos, con el apoyo explícito del Departamento de Estado y la intervención directa de la CIA. El golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende en Chile, demuestra, precisamente, esta política intervencionista.

Sin embargo, cuando Videla llega al poder, en Estados Unidos se produce un cambio en la política exterior de la mano de James Carter que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en su relación con América Latina. Los vínculos, por lo tanto, del Proceso con la administración Carter no fueron buenos al punto que ésta decide bloquear la venta de armas a la Argentina fundando su decisión en el hecho de que el gobierno militar no garantizaba la plena vigencia de los derechos humanos.

Cuando en enero de 1981 Reagan llega a la presidencia de su país el Proceso encuentra en el republicano el aliado que hasta ahora no había tenido en el gran “hermano” del norte. Reagan, por su parte, necesitaba de un enorme respaldo internacional para llevar a cabo su programa de rearme que se plasmó en lo que popularmente se conoció como Guerra de las Galaxias. Los militares argentinos, sin dudarlo, se alinean automáticamente con los Estados Unidos y Galtieri, antes de desplazar a Viola de la presidencia, recorre ese país para cimentar una relación que la prensa oficialista cubre ampliamente para mostrar las virtudes de la nueva etapa que el general mimado de los norteamericanos estaba a punto de inaugurar. Apenas asumió su presidencia, Reagan levanta las sanciones impuestas a la Argentina por su antecesor Jimmy Carter, en una devolución de gentilezas, porque la dictadura había apoyado los lineamientos de política exterior republicana. En el mismo momento, poco antes de la guerra de Malvinas, se filtra en la

prensa que los Estados Unidos podrían establecer una base permanente en algún lugar de la Patagonia para “fortalecer” los vínculos entre ambos países.

Galtieri, un militar con una escasa o nula formación política internacional, seguramente pensó que Reagan acompañaría su decisión de recuperar Malvinas o que mantendría una actitud neutral frente al conflicto. Su desconocimiento histórico sobre la relación de ambas potencias y una famélica visión estratégica de la política mundial pronto quedarían al descubierto cuando los Estados Unidos ponen a disposición de Margaret Tatcher su tecnología satelital y la base militar de la isla Ascensión desde donde operan los temibles Vulcan ingleses para bombardear objetivos argentinos.

La Dama de Hierro

Siempre había existido la sospecha, pero nunca la confirmación, de que el gobierno de Pinochet había apoyado a la Task Force. Recién cuando el ex dictador es apresado en el Reino Unido a raíz de las acusaciones formuladas en su contra por el juez español Baltasar Garzón, la “Dama de Hierro” reveló el secreto. El 9 de octubre de 1.999, durante la asamblea anual del Partido Conservador Británico, Margaret Tatcher, ocupando el rol de abogada del dictador chileno, exhortó a los miembros de su partido a apoyar al hombre que en 1.982 había colaborado en la guerra de Malvinas. Tras condenar enérgicamente al primer ministro Tony Blair, Tatcher reveló cómo el régimen militar chileno había actuado en conjunto con Londres. Con el objetivo de lograr que la opinión pública de su país se volcara a favor de Pinochet, a quien consideró un aliado, Tatcher fue muy crítica con Blair al sostener que “a los aliados no se los mantiene cautivos”. En su defensa agregó que "Chile es nuestro más viejo amigo en Sudamérica. Nuestros vínculos son muy estrechos desde que el almirante Cochrane ayudó a liberar a Chile del opresivo dominio español. El debe estar hoy revolcándose en su tumba al ver cómo Inglaterra respalda la arrogante intromisión hispana en asuntos internos chilenos. Pinochet fue un incondicional de este país cuando Argentina invadió las islas Falklands. Yo sé -era Primer Ministro en esa época- que gracias a instrucciones precisas del presidente Pinochet, tomadas a un alto riesgo, que Chile nos brindó valiosa asistencia. Yo no puedo revelar los detalles, pero déjenme narrarles al menos un episodio. Durante la guerra –explicó Margaret Tatcher al Partido Conservador- la Fuerza Aérea Chilena estaba comandada por el padre de la senadora Evelyn Matthei, quien está aquí esta tarde con nosotros. Él entregó oportunas alertas de inminentes ataques aéreos argentinos que permitieron a la flota británica tomar acciones defensivas. El valor de esa ayuda en información de inteligencia se probó cuando faltó. Un día, cerca ya del final del conflicto, el radar chileno de largo alcance debió ser desconectado debido a problemas de mantenimiento. Ese mismo día -el 8 de junio de 1.982, una fecha guardada en mi corazón- aviones argentinos destruyeron nuestros buques “Sir Galahad” y “Sir Tristram”. Eran barcos de desembarco que trasladaban muchos hombres y los ataques dejaron entre ellos muchas bajas. En total unos 250 miembros de las fuerzas armadas británicas perdieron la vida durante esa guerra. Sin el general Pinochet, las víctimas hubiesen sido muchas más".

Peores que Tatcher y Pinochet

Los principales enemigos de la Argentina durante el conflicto del Atlántico Sur fueron los propios jerarcas del Proceso.

Al terminar la guerra, la última Junta Militar ordenó la realización de una investigación para determinar las responsabilidades de la derrota. Para este fin, el 2 de diciembre de 1982 se crea la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur integrada por el teniente general (R) Benjamín Rattenbach, general de división (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante, almirante (R) Alberto Pedro Vago, vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi,

brigadier general (R) Carlos Alberto Rey y brigadier mayor (R) Francisco Cabrera. La comisión concluyó su informe, de 291 páginas y varias decenas de anexos, el 16 de septiembre de 1.983. Conocido como Informe Rattenbach, en una de sus partes sostiene que “la decisión de ocupar Malvinas, que se mantenía latente, estuvo influida por aspectos políticos particulares, tal, por ejemplo, la conveniencia de producir una circunstancia significativa que revitalizara el Proceso de Reorganización Nacional (acápite 274)”. El informe agrega en otro tramo que “es necesario señalar que el estado general del país, en el momento de tomarse la decisión de ocupar las Islas Malvinas, no era el más adecuado para enfrentar un hecho político internacional de tal naturaleza (acápite 783)” para lo cual se argumenta que “las autoridades nacionales eran duramente atacadas por el problema de los derechos humanos, lo cual debilitaba sensiblemente el frente externo (acápite 784, inc. a)”. En las conclusiones, el informe es taxativo: “La oportunidad, libremente fijada por la Junta Militar para la recuperación de los archipiélagos del Atlántico Sur, benefició fundamentalmente al enemigo (acápite 788)” ante lo cual, los firmantes del informe, en el Capítulo XIII-Encuadramiento jurídico de los responsables, consideran que los tres miembros de la Junta Militar, es decir, Galtieri, Anaya y Lami Dozo, eran pasibles de ser castigados con la máxima pena prevista en el código de justicia militar, derogado en 2.008: el fusilamiento.

Cuando la última Junta Militar de la dictadura, integrada por el teniente general Cristino Nicolaides, el almirante Rubén Franco y el brigadier general Augusto Hughes tomó conocimiento del Informe Rattenbach, de inmediato lo clasificó como secreto de Estado al advertir la gravedad de las imputaciones que de allí surgían sobre la decisión y conducción estratégica de la guerra como así también por el comportamiento de oficiales en distintas instancias del conflicto. Alfredo Astiz, mencionado al comienzo de este artículo, es considerado incurso en faltas superlativas por haberse rendido sin ofrecer resistencia, casi como un cobarde (acápite 837 inc. g). En el informe no aparece mencionado con nombre y apellido pero sí por el grado y responsabilidad que tenía como comandante de los catorce efectivos destacados en Puerto Leith en las islas Georgias. Astiz es tomado prisionero y enviado a Inglaterra. La justicia de Francia y Suecia pide juzgarlo por los crímenes imputados a ciudadanas de ambos países, la sueca Dagmar Hagelin y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duque, hechos cometidos años antes cuando era parte de los grupos de tarea de la ESMA. Pero Inglaterra decide entregarlo al Uruguay desde donde tendrá el camino expedito para volver al país.

El 7 de febrero de 2.012 el gobierno nacional procedió a desclasificar el Informe Rattenbach. Desde entonces se puede consultar en la web oficial de la Casa Rosada (https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25773-informe-rattenbach). Su lectura sirve para comprender porqué estamos como estamos en un país donde nada es nuevo bajo el sol, principio básico que a veces perdemos de vista, y que nos expone a repetir errores del pasado con las lógicas variaciones que siempre reserva la historia a las sociedades que son incapaces de comprender y retener lo esencial de cada proceso histórico.