Representantes de inquilinos
e inquilinas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La
Pampa, conformados como Bloque Patagónico de Organizaciones Inquilinas, se hicieron
presentes en la reunión de los gobernadores patagónicos para pedir que los
diputados voten contra el DNU y para que se impulsen políticas regionales para
salir del terrible momento que atraviesan cientos de miles de personas en la
región.
También destacaron la unidad
de los gobernadores de las provincias patagónicas en defensa de los bienes
comunes para garantizar la mejora en la calidad de vida de la población.
La reunión de gobernadores
patagónicos celebrada en la provincia de
Tierra del Fuego, contó con la presencia del Bloque Patagónico de
Organizaciones Inquilinas que presentaron un documento en donde detallaron la
grave situación de miles de personas a la hora de acceder a una vivienda a
través del alquiler.
En este sentido, señalaron
que la situación se agravó desde que gobierna Javier Milei, y pidieron
políticas regionales para afrontar la crisis.
En el documento, expresaron
que los inquilinos se encuentran atravesando desde hace tiempo una distorsión
en los precios de la vivienda, que destruye la capacidad económica de sus
salarios, así como el agravamiento en la reducción de los plazos en los
contratos producto del alto impacto que generan las oleadas turísticas.
“Hay familias hacinadas”,
“muchas no cubren el 100% del alquiler”, “profesionales abandonan las
provincias, afectando el servicio de salud y la educación”, “muchas se deshacen de sus pertenencias”, son
algunos de los puntos señalados por las organizaciones de inquilinos de la
Patagonia.
Asimismo, señalaron que “en
este momento, nos encontramos con las condiciones que el mercado impone”, sin
control y que no permite ningún acuerdo o consenso.
Por otro lado, señalaron que
en toda la región existen 356.660 viviendas destinadas al alquiler, y que sólo
22.249 se encuentran inscriptas en AFIP. “El mercado tanto formal como informal
y de alquiler permanente como de alquiler temporario, no tienen penalidades por
su negligencia y evasión fiscal al desarrollar su actividad económica, no
reciben controles sobre el tipo de servicio que ofrece para cubrir la demanda
habitacional y además de imponernos unos valores equiparables a los montos de
nuestros salarios (lo cual vulnera nuestro acceso a los alimentos y servicios
básicos de subsistencia)”, afirmaron.
Finalmente, en el documento,
pidieron un “rechazo absoluto al DNU”, regulaciones que protejan el acceso a la
vivienda en cada provincia, incorporar al debate en paritarias el valor del
alquiler, y que se quite el impuesto provincial por cada contrato, así como la
comisión inmobiliaria (como ocurre en Río Negro y La Pampa).
6 septiembre 2024
Río Negro