La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó ayer viernes al Ministerio de Economía en reclamo contra las decenas de miles de despidos en la Administración Pública. “Desde temprano pusimos incómodo al Gobierno porque no puede publicar ninguna lista de ñoquis y la causal de despidos que invocaron se desvanece frente a los ojos de toda la sociedad”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Los empleadores de los estatales siempre son los gobiernos: en el Estado nacional un Presidente, en una provincia el Gobernador, y en un municipio el Intendente. Pero quedó claro que hoy la motosierra y quien gobierna es Techint, y por lo tanto si le tenemos que reclamar a nuestro empleador no descartamos una movilización a la sede del complejo empresarial”, agregó el dirigente estatal.

Se trata de la décima medida de fuerza que ATE impulsó desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei como respuesta a una política de ajuste profundo, con paritarias muy por debajo de la inflación y con una ola de despidos ilegítimos que incluso alcanza a trabajadores de más de 20 años de antigüedad.

Es por eso que el sindicato exigió al Gobierno que publique el listado de los supuestos ‘ñoquis’ y que, en caso de no hacerlo, reinstale en sus puestos de trabajo y determine el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, ya que hasta el momento no se ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios.

La movilización a la cartera de Economía, con dirección en avenida Hipólito Yrigoyen 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dio luego de los ingresos masivos que el sindicato realizó en todos los ministerios y organismos nacionales durante la jornada del miércoles. Además, las protestas se replicaron en las principales ciudades de todas las provincias bajo distintas modalidades.

Hasta el momento, ATE contabiliza más de 11.000 despidos en la Administración Pública pero se estima que con los datos que faltan relevar de algunas provincias, la cifra podría alcanzar los 15.000. En tanto, el sindicato se mantiene en estado de alerta por la amenaza del Gobierno de que el total escale a 70.000.