El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció la reciente decisión de las autoridades del PAMI de limitar el acceso gratuito a medicamentos para jubilados, señalando que esta medida favorece a corporaciones médicas privadas en detrimento del sistema público de salud. La organización sindical anunció que se llevarán a cabo asambleas para decidir posibles medidas de protesta.

Aguiar afirmó que la reducción de la cobertura de medicamentos forma parte de un plan intencional de desfinanciamiento del sistema público, lo que redirigiría millonarios recursos al sector privado. Según el dirigente, esta situación agrava la precariedad del acceso a la salud pública, mientras las instituciones privadas aumentan sus beneficios.

“El acceso a medicamentos es un derecho, no una concesión que deba justificarse mediante trámites complejos y humillantes. Este desfinanciamiento condena a los jubilados a elegir entre su salud o vivir en condiciones dignas”, sostuvo Aguiar, quien también criticó el impacto de esta política sobre un sistema que ya enfrenta aranceles diferenciados y prácticas de evasión impositiva por parte de algunas corporaciones.

El líder sindical describió la medida como una condena directa a los sectores más vulnerables. “Con el 80% de las jubilaciones por debajo de la línea de indigencia, ahora buscan que los jubilados enfrenten enfermedades sin acceso a medicamentos esenciales”, expresó. Además, calificó esta política como un agravamiento de las condiciones de vida de millones de personas mayores en el país.

En respuesta a esta situación, ATE anunció un paro nacional para este jueves 5 de diciembre, acompañado de movilizaciones en todo el país, incluida una concentración en Plaza de Mayo. El sindicato también planea visibilizar problemáticas adicionales, como los salarios bajos en la Administración Pública, despidos, desfinanciamiento y el cierre de organismos estatales.

Desde PAMI, las autoridades informaron que la cobertura gratuita estará limitada a jubilados con ingresos inferiores a $389.398, quienes deberán completar una serie de trámites para acceder al beneficio. Este anuncio generó críticas por las dificultades que representa para las personas mayores cumplir con estos requisitos administrativos.