Un grupo de legisladores de la provincia de Río Negro solicitó información detallada sobre el funcionamiento, acciones y presupuesto de la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), ante denuncias sobre gastos destinados a rubros ajenos a la atención de personas con consumos problemáticos.

El pedido fue impulsado por el bloque Vamos con Todos, conformado por los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, junto a Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd. La solicitud apunta a conocer en detalle cómo se administran los recursos de APASA y cuáles son las políticas concretas implementadas en el abordaje de la adicción en la provincia.

APASA fue creada en 2016 a través de la Ley 5151 con el objetivo de garantizar una política integral de prevención y asistencia en el consumo problemático de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas. Sin embargo, de acuerdo con información recabada por los legisladores, en los últimos meses se registraron gastos significativos en rubros que no estarían directamente relacionados con su misión. Entre ellos, se detallan 4.5 millones de pesos en artículos de almacén para la oficina central, 6.2 millones en servicios informáticos y 8.2 millones en artículos de difusión y merchandising, como remeras, vasos y gorras.

También se identificó la contratación de un servicio de catering por medio millón de pesos para la presentación del "Manual de Lineamientos para el Abordaje de los Consumos Problemáticos", así como un millonario contrato de alquiler para la sede de la agencia en la capital provincial. Estas erogaciones generaron interrogantes sobre la asignación de fondos en un contexto de crisis del sistema de salud pública, especialmente en el área de salud mental de los hospitales provinciales.

El pedido de informes incluye consultas sobre los convenios de APASA con el Estado Nacional, universidades, organismos provinciales y municipales, y organizaciones de la sociedad civil. Además, se requiere información sobre la contratación de la Asociación Civil Intercambios para la elaboración del manual, el presupuesto total de la agencia y su ejecución hasta diciembre de 2024.

Los legisladores buscan determinar si los recursos del organismo están siendo destinados de manera eficiente y priorizando la atención de las personas afectadas por consumos problemáticos en la provincia. La solicitud de informes se enmarca en el debate sobre las políticas de salud mental y adicciones en Río Negro, un ámbito en el que persisten demandas por mayor inversión y acción estatal efectiva.