El bloque Vamos con Todos presentó un nuevo pedido de informes tras detectar que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) habría continuado recibiendo aportes nacionales del Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE) correspondientes al joven Carlos Petrini Norambuena durante al menos cuatro meses posteriores a su desaparición y posterior homicidio. La documentación en poder de los legisladores indicaría que el adolescente figuró como beneficiario activo del programa incluso después de hallarse su cuerpo el 26 de junio en el barrio Parque Independencia de Viedma.

Los legisladores solicitaron al Gobierno provincial que aclare qué información fue remitida al Ministerio de Capital Humano para que los fondos siguieran llegando pese a que Petrini Norambuena se encontraba desaparecido desde febrero. Según el bloque, la SENAF habría mantenido la actualización regular de datos ante Nación como si el joven continuara incorporado al programa, lo que permitió la continuidad del financiamiento durante varios meses.

El pedido de informes —acompañado por legisladores de PJ–Nuevo Encuentro— advierte que esta situación podría constituir una “grave irregularidad administrativa”, en un contexto donde tanto la víctima como el adolescente señalado como agresor estaban bajo protección estatal. Los autores señalaron que la presunta falta de control, intervención o supervisión adquiere particular gravedad dado el rol institucional de la SENAF en el resguardo de ambos jóvenes.

La requisitoria solicita al Ejecutivo provincial que informe fechas, registros, documentación enviada a Nación y toda la actuación administrativa referida al PAE durante 2024 y los primeros siete meses de 2025. También reclama copias certificadas de los reportes remitidos y retoma lo planteado en el Pedido de Informes Nº 994/25, presentado en agosto, aún sin respuesta oficial.

El nuevo planteo incorpora además interrogantes sobre internaciones en comunidades terapéuticas, criterios de actuación ante crisis por consumo problemático, mecanismos de seguimiento, fiscalización de servicios, monitoreo de adolescentes institucionalizados y articulaciones interinstitucionales. Según el bloque, la SENAF tampoco ha respondido consultas previas vinculadas a estos puntos.

“Queremos saber si el sistema que dirige el ministro Muena funcionó o si directamente no hizo lo que debía”, expresó el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros. En la misma línea, otros legisladores señalaron que la falta de respuestas “incrementa las sospechas sobre fallas estructurales en la protección estatal”.

Para los firmantes, el caso exhibe un doble déficit: por un lado, las fallas en prevención y seguimiento que no evitaron la muerte del adolescente, y por otro, la aparente continuidad administrativa de un programa que habría gestionado fondos pese a que el beneficiario ya no estaba localizable. “El Estado tenía responsabilidad directa sobre estos jóvenes. Si hubo omisiones, negligencias o irregularidades, deben explicarse y corregirse”, afirmaron.

El pedido lleva las firmas de José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García.