Los bloques peronistas en la Legislatura de Río Negro presentaron un proyecto para derogar la Ley 5724, que permitió la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La norma, sancionada en agosto de 2024, establece beneficios fiscales para grandes corporaciones, incluyendo la reducción de impuestos, exenciones a las exportaciones y eliminación de aranceles para la importación de maquinaria.

Junto con la derogación del RIGI, los legisladores de los bloques Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) y Vamos con Todos (VcT) proponen la implementación de un gravamen del 1,5% sobre el precio de venta del petróleo crudo transportado por los oleoductos en territorio rionegrino. Además, sugieren que un 15% de los ingresos generados por este impuesto se destine a municipios y comisiones de fomento, garantizando un reparto equitativo entre las comunidades cercanas al ducto y el resto de la provincia.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, señaló que la medida busca que las grandes empresas contribuyan al desarrollo local. "Este pago es fundamental para que la explotación de nuestros recursos genere beneficios tangibles para la población", afirmó. Además, cuestionó el accionar del gobierno provincial, al indicar que "el año pasado impulsó el RIGI y ahora busca implementar un impuesto sobre el uso del ducto".

Por su parte, la legisladora Ana Marks (PJ-NE) sostuvo que la adhesión al RIGI dejó a la provincia en una "situación de servidumbre económica". Destacó que, mientras las pequeñas y medianas empresas enfrentan incrementos en tarifas y cargas impositivas, las grandes corporaciones del sector energético reciben exenciones fiscales y condiciones preferenciales. "Es necesario revertir esta decisión para recuperar el control sobre nuestros recursos", afirmó.

Desde ambos bloques legislativos sostienen que el RIGI refuerza un modelo extractivista que permite a las multinacionales operar sin que la provincia reciba contraprestaciones significativas. En este sentido, argumentan que la medida limita la capacidad del Estado provincial para aplicar políticas públicas, afectando la soberanía económica de Río Negro.

Además de criticar la adhesión de la provincia al RIGI, los legisladores expresaron su rechazo a las políticas implementadas a nivel nacional. Señalaron que "el Estado Nacional y el Provincial buscan consolidar un modelo de exportación de commodities controlado por multinacionales, sin articulación con el entramado productivo local". En este contexto, instaron al gobernador Alberto Weretilneck a reconsiderar su postura y tomar decisiones que prioricen el desarrollo provincial.

El proyecto presentado busca revertir la adhesión al RIGI y establecer nuevas regulaciones para asegurar una distribución más equitativa de los recursos. Los legisladores impulsan el debate en la Legislatura con el objetivo de modificar el esquema actual y fortalecer la autonomía financiera de la provincia.