El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro desestimó la queja del periodista condenado por facilitación y tenencia de material de abuso sexual infantil; la fiscalía buscará su encarcelamiento efectivo

Comentar
El periodista Emiliano Gatti, condenado a seis años de prisión por facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, enfrenta la posibilidad de cumplir su pena en una unidad penitenciaria tras el rechazo de su recurso de queja por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. La fiscalía ha anunciado que solicitará la revocación de su prisión domiciliaria para que Gatti sea trasladado a una cárcel.

El 16 de septiembre de 2024, el Tribunal de Juicio de la IIª Circunscripción Judicial declaró a Gatti culpable de facilitar y poseer material de abuso sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas, todas menores de 13 años. La sentencia abarcó 50 hechos distintos relacionados con la tenencia de dicho material. Tras la condena, la defensa de Gatti presentó una serie de recursos en un intento por revertir la decisión judicial.

Recientemente, el STJ de Río Negro resolvió rechazar el recurso de queja interpuesto por la defensa de Gatti, agotando así las instancias de apelación a nivel provincial. Según el fallo, la presentación del recurso fue extemporánea, ya que el plazo para recurrir venció el 21 de febrero de 2025, mientras que la defensa lo presentó entre el 24 y el 26 de febrero. Además, el tribunal consideró que los argumentos expuestos no justificaban una modificación de la resolución previa.

Ante esta situación, la fiscalía ha anunciado que solicitará la modificación de la medida cautelar que actualmente permite a Gatti cumplir prisión domiciliaria. El pedido de revocación de la prisión domiciliaria será presentado este viernes a las 12:30 horas. De ser aceptada la solicitud, Gatti sería trasladado a una unidad penitenciaria para cumplir su condena de manera efectiva.

Esta decisión marca un punto culminante en el proceso judicial contra Gatti, quien hasta ahora había permanecido en prisión domiciliaria mientras se resolvían sus recursos legales. Con el rechazo del STJ, las posibilidades de revertir la condena se reducen significativamente, y la fiscalía busca garantizar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.