El gremio estatal cuestionó las declaraciones de Mariano Cuneo Libarona sobre la representación sindical

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Una nueva controversia se desató entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno nacional a raíz de las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien afirmó que no reconocerá a los delegados electos en el sindicato. La postura del funcionario generó una rápida respuesta desde el gremio, encabezada por su secretario general, Rodolfo Aguiar.

A través de su cuenta en la red social X, Aguiar cuestionó duramente al ministro, afirmando que su postura representa un desconocimiento de los derechos sindicales y de la democracia gremial. "Es lamentable que un profesional del Derecho viva tan alejado de la realidad y que desconozca la existencia de la democracia y libertad sindical", expresó el dirigente en su publicación.

El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos estatales, en particular por las medidas de ajuste que incluyen despidos en el sector público. Aguiar advirtió que el rechazo del Ministerio de Justicia a la representación de ATE se debe a que el gremio "defiende a los trabajadores que el Gobierno pretende despedir para contratar a su propia gente".

Desde el ámbito sindical remarcaron que el derecho de los empleados estatales a elegir a sus representantes está garantizado por la legislación vigente y advirtieron que cualquier intento de desconocerlo podría derivar en presentaciones legales y medidas de fuerza.

La relación entre ATE y el Gobierno de Javier Milei ya había mostrado signos de deterioro en los últimos meses, con denuncias de persecución sindical y despidos masivos. En este marco, fuentes gremiales señalaron a este medio que no descartan una escalada del conflicto si persisten las políticas de ajuste y el desconocimiento de la representación sindical.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia no ha emitido aclaraciones adicionales sobre la posición del ministro Cuneo Libarona ni sobre las críticas de ATE. En el sector sindical anticipan que la discusión podría trasladarse al ámbito judicial si el Gobierno mantiene su postura de desconocer a los delegados electos.