Ante la finalización de la Ley Nacional 27.705, conocida como la última moratoria previsional, legisladores del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro presentaron un pedido formal de informes al Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro para conocer el estado actual de las políticas provinciales destinadas a personas mayores y en situación de calle, especialmente en lo relativo al Sistema de Protección a la Vejez (SIPROVe).
La iniciativa, según pudo saber este medio a través de fuentes legislativas, busca esclarecer no solo cómo se ha venido implementando el SIPROVe durante los años 2023, 2024 y el primer trimestre de 2025, sino también evaluar su alcance real. Se solicitó información precisa sobre la cantidad de personas beneficiadas en ese período, el número de solicitudes rechazadas y las causas de esas denegaciones. Una de las principales inquietudes expresadas en el documento es el impacto de los artículos de la Ley D Nº 3937, que podrían estar dejando sin cobertura a personas por el solo hecho de tener familiares con ingresos previsionales o asistenciales, lo que podría constituir una restricción injustificada a un derecho esencial.
Además, el pedido de informes indaga sobre el universo potencial de nuevos beneficiarios que quedarían desprotegidos a partir de la eliminación de la moratoria nacional. Esto podría representar un incremento en la demanda que el Estado provincial debe atender. Por este motivo, los legisladores solicitaron detalles sobre la existencia de listas de espera para acceder al sistema y la distribución geográfica de esas personas dentro del territorio rionegrino.
Otro eje del reclamo se centra en la ejecución del presupuesto destinado a la atención integral de personas mayores y a quienes se encuentran en situación de calle. De acuerdo a datos obtenidos por este medio, durante los últimos dos años se habría registrado una subejecución en esas partidas, situación que contrasta con el aumento de la demanda social en estos sectores. La solicitud incluye requerimientos para conocer las razones de esta subejecución, tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa, así como también si existen planes territoriales activos para revertir esta situación.
También se requirió que se detalle el cupo autorizado de beneficios del SIPROVe para el año en curso, y qué proporción de las bajas registradas en 2023 y 2024 se debieron a la obtención posterior de una jubilación o pensión nacional por parte de los beneficiarios. Esta información busca dimensionar el impacto de la transición entre regímenes y verificar si las herramientas provinciales están cumpliendo con el objetivo de acompañamiento social durante este proceso.
El legislador Leandro García, integrante del bloque PJ-NE, expresó que la intención del pedido es “garantizar que el Estado provincial actúe con transparencia y eficacia en áreas sensibles que afectan directamente a la dignidad de miles de rionegrinos y rionegrinas”. Según manifestó, preocupa especialmente la posibilidad de que haya personas mayores a la espera de asistencia mientras existen recursos asignados que no han sido utilizados.
García también se refirió al contexto nacional, afirmando que las modificaciones previstas en el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional —como el posible aumento en la edad jubilatoria y en los años de aportes exigidos— vuelven imprescindible que las provincias desarrollen respuestas propias. “No podemos usar el retiro del Estado nacional como excusa para desentendernos de las responsabilidades provinciales”, señaló.
El pedido de informes continúa su curso en la Legislatura provincial, mientras distintos sectores sociales y organizaciones que trabajan con personas mayores expresaron su preocupación por el alcance de la cobertura estatal en esta etapa de transición del sistema previsional argentino.
26 abril 2025
Río Negro