El Municipio de San Antonio Oeste quedó en el centro de una investigación judicial luego de que se detectara el uso de material presuntamente contaminado para realizar tareas de relleno en la vía pública. Parte del árido utilizado para nivelar la calle Torello habría sido extraído de una cantera clausurada por orden judicial, ubicada en las inmediaciones de las denominadas PILA1 y PILA2, donde la ex empresa Geotécnica depositó residuos peligrosos décadas atrás.

La situación fue advertida el martes 29 de abril por el concejal Matías Rodríguez, integrante del bloque Cambia Río Negro, quien se trasladó hasta la cantera luego de seguir a uno de los camiones que descargaban tierra sobre la calle: “Lo seguí para saber de dónde traían la tierra y cuando vi que doblaba hacia la cantera clausurada no lo podía creer”, declaró el edil. Según consta en la exposición policial realizada ese mismo día y en su posterior declaración penal, Rodríguez filmó el operativo de extracción y alertó a referentes de la multisectorial que en su momento impulsó los reclamos por la contaminación con plomo en el ingreso a la ciudad. 

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, tras manifestar su preocupación al personal en el lugar y advertir que existía una orden judicial vigente que prohíbe remover material de esa zona, Rodríguez se retiró del sitio. Horas después, publicó en redes sociales los videos de la maniobra y solicitó públicamente el retiro del material volcado sobre la calle.

Al día siguiente, el miércoles 30 de abril, el concejal denunció haber sido agredido verbal y físicamente por un agente municipal, identificado como Héctor “Cachi” Gómez, quien —según la denuncia— le profirió insultos, amenazas de muerte y un intento de agresión física en plena vía pública. “Me dijo ‘te voy a cagar a trompadas’ y después ‘te voy a cagar a tiros’, mientras me escupía en la cara”, detalló Rodríguez.

El hecho fue reportado por la víctima a la Unidad Fiscal Descentralizada de San Antonio Oeste, acompañado de testigos y material audiovisual. Según detalló el concejal, el agresor se presentó en su domicilio particular en horario laboral, a bordo de una camioneta oficial del municipio. La denuncia penal fue acompañada por un pedido al Concejo Deliberante para que se evalúe la conducta del agente y se determine si corresponde una sanción administrativa. “No es la primera vez que esta persona tiene este tipo de actitudes con vecinos o trabajadores, pero la gente no denuncia por miedo a perder el trabajo. A mí no me van a apretar, no voy a cambiar de opinión”, expresó el edil.

Ese mismo día, en horas de la tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió una medida cautelar urgente dentro del expediente por amparo ambiental iniciado años atrás por la Defensoría General del Poder Judicial. En la resolución, firmada por el juez Ricardo Apcarián, se ordenó a la Municipalidad de San Antonio Oeste abstenerse de continuar con el movimiento de suelos contaminados, proteger los montículos ya depositados y presentar un informe oficial sobre lo ocurrido en un plazo de 24 horas. En su resolución, también advirtió que “la movilidad de los metales en el nivel superficial permanece activa y puede dispersarse debido a factores como el viento”, con el consiguiente riesgo sanitario.

La medida del STJ se apoya en el principio precautorio establecido por la Ley General del Ambiente, al considerar que existe riesgo grave e inminente para la salud pública, especialmente para niñas, niños y adolescentes. Se remarcó además que el predio en cuestión sigue sin remediación completa y que el fallo vigente —Sentencia Definitiva N° 73 del año 2014— prohíbe expresamente cualquier actividad en la zona afectada por la contaminación con metales pesados.

Consultado por este medio, Rodríguez confirmó que desde la "Multisectorial por la Problemática del Plomo" se realizó una presentación ante el Defensor General Ariel Alice Barilari, quien intervino en la causa. Asimismo, indicó que el material retirado fue desparramado frente a un club deportivo y establecimientos educativos, situación que derivó en nuevos reclamos por parte de vecinas y vecinos de la zona.

El denunciante sostuvo que la situación ya era conocida por parte del Municipio y que existía una desobediencia directa a fallos judiciales previos: “No es porque lo diga yo. Hay una sentencia judicial que prohíbe sacar tierra de ese lugar, está todo documentado”, afirmó y también advirtió que alertó previamente al presidente del Concejo Deliberante y a diversas áreas municipales.

Si bien desde el Ejecutivo municipal se habría desplazado al agente denunciado y se ordenaron pruebas de laboratorio para determinar la presencia de plomo en las muestras de tierra utilizadas, al momento de esta publicación no se habían difundido oficialmente los resultados. Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que podrían sumarse nuevas acciones legales por presunto incumplimiento de orden judicial y daño ambiental.

La calle Torello, en el sector urbano próximo a las vías del ferrocarril, permanece parcialmente intervenida y con montículos de tierra señalizados de manera provisoria. Durante el fin de semana, según relataron testigos, una camioneta se estrelló contra uno de esos montículos debido a la falta de iluminación y demarcación, lo que derivó en cuestionamientos por parte de frentistas y advertencias sobre la falta de señalización adecuada en zonas de circulación peatonal.

Rodriguez anticipó que, una vez retomada la actividad administrativa tras el feriado por el Día del Trabajador, se ampliarán las denuncias con foco en el eventual delito ambiental, la responsabilidad funcional en la cadena de decisiones y la evaluación del accionar de los agentes municipales involucrados en la extracción y traslado del material.