La causa por el homicidio de un hombre ocurrido a fines de febrero en un inquilinato ubicado en cercanías de la terminal de ómnibus de Viedma ingresó en su etapa final. La Fiscalía solicitó una pena única de 8 años y 6 meses de prisión efectiva para el acusado, quien reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la condena propuesta en el marco de un procedimiento abreviado.

El pedido fue presentado durante una audiencia realizada de manera virtual. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 28 de febrero en un inmueble ubicado sobre la calle Perú, donde víctima e imputado residían en distintas habitaciones del mismo inquilinato.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la investigación, el acusado se dirigió hasta la habitación alquilada por la víctima y ambos mantuvieron un enfrentamiento en el patio de acceso. Durante esa situación, el hombre le provocó varias lesiones con un elemento punzante.

La autopsia determinó que una de las heridas comprometió el corazón de la víctima y provocó un taponamiento cardíaco, causa que derivó en su fallecimiento. Por ese motivo, la Fiscalía encuadró el hecho como homicidio simple, conforme a los artículos 45 y 79 del Código Penal.

La investigación reunió una importante cantidad de pruebas. Entre ellas se incorporaron actuaciones policiales realizadas desde el hallazgo del cuerpo, un allanamiento efectuado en la habitación donde residía el imputado junto a su pareja y su hijo, informes médicos, relevamientos fotográficos y pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística.

También fueron incorporados análisis de cámaras de seguridad de la zona, registros de llamadas al sistema de emergencias 911, informes del Cuerpo de Investigación Judicial y testimonios de personas que vivían en el inmueble, vecinos, allegados y efectivos policiales que participaron de la investigación.

A ese material se sumaron pericias médico-forenses practicadas tanto a la víctima como al acusado, además de la autopsia que permitió establecer las causas de la muerte.

Durante la audiencia, la fiscalía y la defensa oficial informaron los alcances del acuerdo abreviado alcanzado. En ese contexto, el imputado admitió haber cometido el hecho, aceptó la calificación legal y manifestó su conformidad con la pena solicitada.

Otro de los aspectos considerados fue la existencia de una condena previa de seis meses de prisión en suspenso dictada por la Justicia de Bahía Blanca por el delito de amenazas. En función de ese antecedente, las partes acordaron revocar la condicionalidad de aquella sentencia y unificar ambas sanciones en una única pena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva.

La resolución definitiva quedará ahora en manos del Juez de Juicio, quien deberá analizar el acuerdo alcanzado entre las partes y emitir la sentencia correspondiente en los próximos días.