Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de Río Negro por el bloque de la Coalición Cívica ARI – Cambiemos propone la creación de un protocolo de actuación para los equipos médicos ante situaciones de urgencia en las que pacientes rechacen transfusiones de sangre por motivos religiosos o de conciencia. La iniciativa busca equilibrar el derecho a la vida con la autonomía individual, brindando un marco legal claro para el accionar del personal de salud.

La propuesta legislativa establece la implementación de un procedimiento específico que permita a las y los profesionales actuar conforme a los derechos constitucionales y tratados internacionales vigentes. Entre los puntos destacados del proyecto, se incluye la creación de un registro provincial de ciudadanas y ciudadanos que hayan manifestado su voluntad de no recibir transfusiones, el cual deberá ser consultado por los establecimientos de salud públicos y privados en caso de emergencia.

Además, el texto contempla pautas de actuación para escenarios en los que la persona no pueda expresar su voluntad y no exista registro previo. En estos casos, se prioriza la preservación de la vida, respetando siempre las directivas anticipadas cuando estén disponibles y sean válidas, en concordancia con la Ley Nacional N.º 26.529 sobre derechos del paciente.

La iniciativa también propone que el Ministerio de Salud de Río Negro implemente capacitaciones para los equipos sanitarios en aspectos legales, éticos y técnicos vinculados a estas situaciones. Se incluye además la necesidad de garantizar tratamientos alternativos a las transfusiones, cuando estos resulten médicamente viables.

El legislador Javier Acevedo, impulsor del proyecto, sostuvo que se trata de una herramienta para “abordar un vacío normativo operativo” y proteger tanto la libertad religiosa como la autonomía de las personas. Según explicó, el objetivo es asegurar que en contextos críticos se actúe con legalidad y respeto a las decisiones individuales, sin imponer una postura única.

El proyecto se fundamenta en el derecho a la autonomía respaldado por normativa nacional y por antecedentes jurisprudenciales, como el fallo “Bahamondez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se alinea con los principios bioéticos contemporáneos y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre consentimiento informado y respeto por las creencias personales.

De ser aprobado, el protocolo propuesto podría constituir una herramienta operativa para situaciones complejas, fortaleciendo la seguridad jurídica de quienes integran los equipos médicos y reconociendo el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo en el marco del sistema de salud provincial.