La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un pedido de informes al Gobierno de Río Negro para que se brinde información oficial sobre la posible existencia de construcciones con aptitud para uso militar en zonas de frontera del territorio provincial, algunas de ellas vinculadas a capitales extranjeros y ubicadas en áreas consideradas estratégicas.

La iniciativa fue impulsada por la parlamentaria del bloque Vamos con Todos y está dirigida al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Ambiente y al Departamento Provincial de Aguas, organismos a los que se solicita que detalle si existen autorizaciones, controles y evaluaciones oficiales sobre las obras señaladas. Según expresó Odarda, se trata de un tema de “extrema gravedad institucional y soberana”.

Entre los puntos centrales del pedido, la legisladora requirió información sobre un aeródromo privado ubicado al sur de Sierra Grande, dentro de un área de seguridad de frontera. De acuerdo a los datos incluidos en la presentación, la pista tendría dimensiones similares a las del Aeroparque Jorge Newbery y contaría con hangares y equipamiento tecnológico de gran porte. “Queremos saber quién autorizó esa obra, bajo qué controles funciona y si el Estado argentino tiene pleno conocimiento de lo que allí ocurre”, planteó Odarda.

El pedido de informes también hace referencia a una presunta construcción de tipo “búnker” en inmediaciones del Lago Escondido, en tierras vinculadas al empresario británico Joseph Lewis. Según lo señalado por la legisladora, se trataría de una estructura de gran escala, con características técnicas que no se corresponderían con edificaciones de uso civil. “Si existe una obra de esa magnitud en zona de frontera, el Gobierno debe informar si fue habilitada, qué organismo la controló y cuál es su finalidad”, sostuvo.

Otro de los ejes del requerimiento apunta a la eventual presencia de funcionarios o aeronaves extranjeras en territorio rionegrino durante el mes de enero, y a la posibilidad de que se hayan registrado visitas a las propiedades mencionadas. En ese sentido, Odarda afirmó que “la ciudadanía tiene derecho a saber si se están desarrollando actividades con implicancias geopolíticas, militares o estratégicas sin información pública ni control adecuado”.

La iniciativa legislativa incorpora además consultas vinculadas al impacto ambiental de las obras mencionadas. Entre ellas, se solicita información sobre una posible apertura de un camino costero en el entorno del Lago Escondido que no respetaría la línea de ribera ni el camino de sirga. “No se puede avanzar sobre nuestros bienes naturales comunes ni sobre zonas protegidas sin estudios de impacto ambiental ni autorizaciones legales”, expresó la legisladora.

Finalmente, Odarda remarcó que el pedido de informes busca garantizar el control del territorio y la transparencia de las acciones del Estado. “Estamos hablando de soberanía, de control del territorio y del resguardo de nuestros bienes naturales comunes. El silencio oficial frente a estas situaciones sería inaceptable”, concluyó.