El Gobierno de Río Negro avanza con una serie de reformas en materia penal que buscan reforzar la seguridad ciudadana y garantizar una respuesta judicial más efectiva frente al delito reiterado. Entre las principales iniciativas, se destaca el reciente envío a la Legislatura del proyecto de ley de reiterancia, que permitiría a los fiscales solicitar prisión preventiva para personas con múltiples causas penales activas.

Según pudo confirmar este medio, el nuevo proyecto será tratado en la próxima sesión legislativa. La iniciativa se suma a la ley ya sancionada que establece la prisión efectiva en doble instancia, lo que implica que las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer en libertad mientras esperan recursos extraordinarios. Desde el Poder Ejecutivo aseguran que estas medidas buscan terminar con la conocida “puerta giratoria” del sistema penal y dar mayor protección a las víctimas.

Fuentes del Ejecutivo provincial indicaron que la reiterancia pasará a ser considerada una causal válida para solicitar prisión preventiva, lo que representaría un cambio en la práctica judicial actual. “El objetivo es evitar que personas con antecedentes activos sigan cometiendo delitos mientras enfrentan múltiples procesos judiciales en libertad”, explicaron voceros del Gobierno.

La ley de prisión en doble instancia, por su parte, ya está en vigencia. De acuerdo a lo informado por el área legal del Poder Ejecutivo, esta norma permitirá acortar los tiempos entre la condena firme y el cumplimiento de la pena. La medida fue promovida con el argumento de que evitará la revictimización y brindará mayor certidumbre a las familias afectadas por hechos delictivos.

Otra herramienta que forma parte del paquete de reformas es el Registro Provincial de Huellas Genéticas, una base de datos que permitirá cotejar muestras de ADN recogidas en escenas del crimen con perfiles genéticos de personas condenadas e imputadas por delitos dolosos. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el sistema estará vinculado a causas judiciales en trámite y será clave para acelerar el esclarecimiento de hechos complejos.

Con estas iniciativas, el Gobierno rionegrino consolida una agenda legislativa orientada a fortalecer la persecución penal de delitos graves y la protección de las víctimas. Las reformas también implican una mayor articulación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para optimizar los tiempos procesales y el cumplimiento de las penas.

Dirigentes del oficialismo indicaron que el paquete de leyes representa un cambio de paradigma en la política de seguridad de la provincia. Aseguran que la prioridad es “poner en el centro a las víctimas y garantizar que quienes reinciden no sigan en libertad”. La implementación de estas herramientas será monitoreada a través de mecanismos de evaluación periódicos que involucren a distintos actores del sistema judicial.