El bloque Vamos con Todos solicitó la intervención inmediata del Poder Ejecutivo rionegrino ante una grave denuncia ambiental vinculada al uso de materiales contaminados en obras públicas de San Antonio Oeste. El planteo fue dirigido directamente al gobernador de la provincia, con el objetivo de frenar prácticas que podrían poner en riesgo la salud de la población.

La presentación formal fue realizada por las legisladoras Ayelén Spósito y Magdalena Odarda, junto al presidente del bloque, José Luis Berros, tras reunirse con integrantes de la Multisectorial del Plomo, Maite Narvarte y Roxana Roccatagliatta. Según detallaron, fueron informados de la extracción de suelos desde una cantera ubicada entre las pilas 1 y 2 del sector conocido como La Estanciera, un área judicialmente restringida por su alto nivel de contaminación con metales pesados, y del posterior uso de ese material como relleno en distintas calles de la ciudad.

Las y los legisladores señalaron la inacción de los organismos provinciales con competencia en la materia, como la Secretaría de Minería, la Secretaría de Energía y Ambiente y el Ministerio de Salud, todos bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Denunciaron que no hubo intervenciones ni comunicaciones oficiales pese a la magnitud del hecho y su impacto sanitario y comunitario.

Durante la presentación también se remarcó que la zona de donde se habría extraído el material fue utilizada históricamente por la exempresa Geotécnica para el procesamiento de minerales de Mina Gonzalito. Esa actividad dejó un importante pasivo ambiental, que aún persiste a pesar de los trabajos de remediación realizados años atrás. Las áreas afectadas incluyen sectores urbanos y periféricos, algunos cercanos a establecimientos educativos.

La denuncia fue respaldada por un pedido de informes presentado previamente en la Legislatura. El documento solicita identificar a las autoridades responsables en los niveles municipal y provincial por la extracción, traslado y uso de los áridos contaminados. También se requiere información sobre estudios ambientales previos, posibles autorizaciones otorgadas y la existencia de un plan oficial de remediación para las zonas comprometidas.

Desde la bancada opositora recordaron que la comunidad de San Antonio Oeste ha luchado durante décadas por el reconocimiento y la reparación de los daños generados por la contaminación con plomo. En 2004, estudios confirmaron la presencia de metales pesados en sangre en niños y niñas, en niveles superiores a los recomendados por organismos internacionales. Sin embargo, los abordajes estatales fueron considerados insuficientes y discontinuos.

La reciente utilización de materiales potencialmente contaminados en obras dentro del casco urbano reactivó la preocupación de vecinas y vecinos. Las y los firmantes de la presentación advirtieron que el episodio demuestra una grave negligencia y una falta de controles por parte del Estado provincial, cuya responsabilidad en la protección ambiental y sanitaria no puede eludirse.

En este contexto, exigieron que el gobernador disponga de manera inmediata todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, suspender cualquier práctica de riesgo y garantizar la protección de la salud pública, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes.