El Gobierno de Río Negro finalmente entregó al Poder Legislativo el contrato suscripto con la empresa Dienst Consulting S.A., encargada del control de licencias médicas del personal estatal. La entrega del documento, firmada en julio de 2024, se produjo luego de una prolongada controversia institucional marcada por pedidos de informes, reclamos judiciales y requerimientos formales por parte del bloque parlamentario Vamos con Todos.

Pese al rechazo del Superior Tribunal de Justicia a la acción presentada por el legislador José Luis Berros, desde el Ejecutivo se optó por remitir el contrato ante la persistencia del reclamo y la presión pública. “A pesar de la connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la presión social y mediática fue determinante. Finalmente logramos que se diga la verdad”, señaló Berros, quien preside la bancada opositora.

Según consta en el documento, el Estado rionegrino paga a Dienst Consulting un monto mensual de 292 millones de pesos, lo que proyecta un gasto anual superior a los 3.500 millones. La auditoría médica se calcula sobre una base de 52.000 empleados, lo que implica un costo mensual de 5.615 pesos por agente. La cifra ya fue actualizada en marzo, alcanzando los 6.508 pesos por trabajador, lo que elevó el monto mensual total a casi 350 millones de pesos.

El acuerdo contractual contempla una cláusula de actualización automática cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y una cláusula de actualización inmediata si el IPC semestral supera el 15%. “Mientras ajustan salarios y recortan programas sociales, blindan ganancias para una empresa privada. El contrato demuestra un privilegio descarado que se quiso esconder bajo siete llaves”, criticó Berros.

Además, el contrato establece el pago por única vez de un bono de 200 millones de pesos para que la firma instale su operación en la provincia. Ese monto fue sumado al primer desembolso realizado en septiembre de 2024, que alcanzó así los 492 millones de pesos.

Desde el bloque Vamos con Todos se cuestionó la falta de revisión parlamentaria de este acuerdo y se alertó sobre el nivel de discrecionalidad con que fue firmado. “Lo que se revela con este contrato es obsceno: una empresa que presta un servicio de control, con criterios cuestionables y sin revisión parlamentaria, se lleva una fortuna del Estado”, expresó el legislador.

El espacio opositor insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se utilizan los fondos públicos, y reiteró su exigencia de mayor transparencia. “Vamos a seguir exigiendo control sobre cada peso que se gasta en nombre del pueblo de Río Negro”, concluyeron.