La Legislatura de Río Negro dio luz verde a la validación del convenio firmado entre el Ejecutivo provincial y el consorcio VMOS S.A., para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, y a la prórroga de la concesión del área hidrocarburífera Agua Salada a las empresas YPF y Tecpetrol. Ambos proyectos prometen "inversiones relevantes, ingresos extraordinarios y condiciones para el crecimiento sostenido de las economías locales".

El entendimiento con el consorcio VMOS —integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y Pluspetrol— establece aportes para la provincia, entre los que se destacan USD 60 millones por desarrollo territorial (por única vez), otros USD 40 millones anuales durante 13 años como aporte comunitario, y USD 14 millones anuales en concepto de cánones por uso de espacio público. Además, el acuerdo fija tasas específicas para control, fiscalización y cuidado ambiental, y una cláusula de estabilidad fiscal por 30 años.

La iniciativa fue presentada en el recinto luego de una reunión plenaria en la que participaron equipos técnicos de la Secretaría de Energía y Ambiente, la Agencia de Recaudación Tributaria y la Fiscalía de Estado. Según se informó, el sistema de monitoreo ambiental permanente que se implementará en el Golfo San Matías contará con la participación de INVAP, universidades y otros organismos técnicos.

El proyecto se aprobó por mayoría, con 39 votos a favor, y el voto negativo de Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García.

El miembro informante del proyecto del Ejecutivo, Lucas Pica (JSRN), defendió la iniciativa como un “punto de inicio para transformar la provincia”. Lo describió como “437 km de esperanza” para cambiar la matriz productiva, un “grito federal, patagónico, de reparación histórica”.

Otros legisladores como Santiago Ibarrolaza (Pro Unión Republicana) y Fernando Frugoni (CC-ARI-Cambiemos) apoyaron, enfatizando la prioridad en el desarrollo y el empleo. Frugoni calificó la negociación como lograr “lo posible, no lo aspirable”.

Ariel Bernatene (UCR) y Manuela Kircher (JSRN) también respaldaron la iniciativa. Kircher, desde la perspectiva de Sierra Grande, celebró el acuerdo como una “reparación simbólica” y la oportunidad de “cerrar un ciclo de postergación”, felicitando al gobernador Weretilneck por este “gran logro”.

Durante el debate, el legislador Leandro García, miembro informante del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE), fue contundente al fundamentar el rechazo de su bloque: “Este proyecto no solo no compensa el desastre económico que generan las políticas de Milei y que convalida JSRN en el Congreso. Todas las actividades están en crisis: la fruticultura, el turismo, la construcción, el comercio, también el sector público, hoy de paro por el atraso salarial”, advirtió.

En paralelo, la Legislatura también ratificó por mayoría el acuerdo de prórroga del contrato con Tecpetrol e YPF para la explotación del área Agua Salada, ubicada al sureste de la provincia. La concesión —que vencía en septiembre— se extiende ahora hasta 2035 y compromete inversiones por 22,5 millones de dólares. Según se detalló, se realizarán dos nuevas perforaciones, dos intervenciones en pozos existentes y el reacondicionamiento de otros ocho.

El área Agua Salada, de 650 km², representa el 18% de la producción gasífera de Río Negro, con 44 pozos activos. Entre las condiciones del nuevo acuerdo se contemplan un bono de prórroga de USD 250.000 para destinar a Educación o Salud, y un aporte del 3% mensual de la producción, que se suma al 12% que las empresas ya tributan por regalías. Estos fondos serán coparticipables entre municipios y comisiones de fomento, con la condición de que se apliquen exclusivamente a proyectos de infraestructura.

Durante el debate legislativo, la fundamentación estuvo a cargo de la legisladora Lorena Yensen (JSRN), quien destacó la importancia de estos recursos para los gobiernos locales y subrayó la necesidad de garantizar continuidad en la producción convencional de hidrocarburos. Por su parte, el legislador Juan Martín (PRO) sostuvo que la medida impactará de forma directa en los municipios y permitirá sostener empleos vinculados a pozos no convencionales.

Sin embargo, también hubo cuestionamientos. La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) señaló que el contrato incumple aspectos normativos como la realización de audiencias públicas y consultas previas, y alertó sobre la falta de inspecciones e información sobre pasivos ambientales. En la misma línea, Ana Marks (PJ-Nuevo Encuentro) criticó las condiciones del acuerdo y cuestionó que el aporte económico tenga impacto significativo en la vida cotidiana de la población.