Continúan sumándose voces en la provincia de Río Negro que denuncian una posible proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto político que diversos sectores señalan como restrictivo y regresivo en materia de derechos políticos. Desde el espacio “Vamos con Todos” alertan sobre un escenario que podría derivar incluso en un eventual encarcelamiento de la exmandataria, con intervención directa de la Corte Suprema, en lo que califican como una avanzada judicial sin precedentes recientes.

Referentes de este espacio político en la provincia manifestaron su “profunda preocupación” ante lo que describen como un clima creciente de persecución, que no sólo afecta a figuras políticas de relevancia nacional, sino que también se traduce en un contexto de ajuste económico “sobre las espaldas de los sectores más sensibles de la sociedad”.  Desde el espacio aseguraron que esta situación tiene consecuencias visibles en el territorio rionegrino, con impactos directos en la salud pública, la educación, la producción local y los derechos sociales más elementales.

El pronunciamiento, firmado por dirigentes como Silvia Horne y Leandro Costa Brutten, sostiene que el gobierno nacional está instalando un régimen “represivo y persecutorio”, y acusan al gobernador Alberto Weretilneck de acompañar, sin objeciones, cada medida de desmantelamiento del Estado impulsada desde el Ejecutivo nacional, a través de decretos de necesidad y urgencia. Entre los organismos afectados, mencionan al INTA, sectores vinculados a la cultura, y el sistema de atención a personas mayores.

En este contexto, “Vamos con Todos” planteó la necesidad de construir un frente político amplio que articule a todas las expresiones que defienden los valores históricos del peronismo. La propuesta no se orienta, indicaron, hacia una disputa interna por cargos o estructuras partidarias, sino hacia la conformación de un espacio que pueda frenar lo que consideran una política de desarticulación social promovida desde el gobierno nacional, y a su vez, poner en evidencia el “doble discurso” de referentes locales.

“Si llegan a encarcelar a Cristina, será una condena política, no un acto de justicia”, indicaron, ya que consideran que la eventual proscripción de la exvicepresidenta implicaría una grave afectación a los derechos políticos de un amplio sector de la ciudadanía que se ve representado en su figura. En ese sentido, llaman a una “reflexión profunda” que permita reencauzar el rumbo institucional y democrático del país.

Esta postura no es aislada, sino que forma parte de un creciente número de manifestaciones públicas que se han intensificado en las últimas semanas en distintos puntos del país, en rechazo a lo que se percibe como una judicialización de la política y una concentración del poder institucional que limita los márgenes de participación democrática.