Los bloques PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos de la Legislatura de Río Negro presentaron un proyecto de Declaración para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideran una proscripción política contra Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa se enmarca en una acción articulada a nivel nacional por el Partido Justicialista y expresa preocupación por las implicancias institucionales del fallo.

La propuesta legislativa rechaza la inhabilitación de la dos veces presidenta y actual titular del Partido Justicialista Nacional, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. Los firmantes sostienen que el fallo del máximo tribunal representa un “grave atentado contra la democracia” y vulnera el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

En sintonía con este posicionamiento, concejalas y concejales peronistas de distintas localidades rionegrinas —entre ellas Bariloche, Viedma, Choele Choel, El Bolsón, Lamarque, Luis Beltrán, Villa Regina, Sierra Grande y Jacobacci— impulsan iniciativas similares en los concejos deliberantes, sumando voces al repudio contra lo que entienden como un avance sobre el sistema democrático.

Los legisladores provinciales remarcaron que el proceso judicial que derivó en la condena de Cristina Fernández estuvo atravesado por irregularidades, como la violación al principio de juez natural, la utilización indebida de pruebas y la restricción al derecho a defensa. Señalan que estas prácticas responden a una estrategia regional de lawfare, que busca desacreditar y excluir a referentes populares mediante mecanismos judiciales ajenos al juego democrático.

El proyecto también subraya que los hechos por los cuales se condenó a la ex presidenta ya habían sido objeto de análisis judicial años atrás y que el fallo actual se conoció apenas una semana después de que anunciara su candidatura como diputada provincial para las elecciones del 7 de septiembre, contexto que consideran relevante para interpretar la decisión del tribunal.

Además, cuestionan la actual conformación de la Corte Suprema, compuesta por tres miembros, cuya legitimidad fue objetada por distintos sectores políticos y jurídicos. Los bloques sostienen que la sentencia configura una práctica que afecta la forma republicana y representativa de gobierno establecida por la Constitución Nacional, y remarcan la gravedad institucional del precedente que sienta esta decisión.

Desde el peronismo rionegrino se plantea la necesidad de abrir un debate profundo sobre los límites del accionar judicial en contextos políticos y electorales. También se convoca al conjunto del arco democrático a rechazar toda forma de proscripción y a defender el principio de participación política plena, sin interferencias externas al proceso electoral.