El Gobierno de Río Negro oficializó la decisión de avanzar con una propuesta de iniciativa privada para definir el manejo de los radares en rutas provinciales, cuya operación se encuentra paralizada desde julio de 2023. La iniciativa fue impulsada por la firma Brocart S.A., que tendrá prioridad en el futuro llamado a licitación pública en el marco de lo establecido por la ley provincial N.º 3484.

La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 499/25, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y el titular de Modernización, Milton Dumrauf. En el documento se declara de interés público el proyecto presentado por la empresa, que contempla la instalación, operación y gestión de un sistema integral de detección electrónica de infracciones de tránsito y cobro de las mismas.

El sistema incluirá la colocación de equipos de captura automática de infracciones, junto a una plataforma tecnológica de procesamiento, clasificación, almacenamiento y gestión de las actas labradas. La empresa también se compromete a aportar toda la infraestructura de software y los recursos necesarios para la implementación del servicio.

Actualmente, los radares de control de velocidad distribuidos en Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande están fuera de funcionamiento. El apagado comenzó en julio del año pasado, cuando entró en vigencia una ley que reguló los cinemómetros, y se extendió más allá del plazo previsto debido al vencimiento del contrato con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), que había operado el sistema desde enero de 2020.

La propuesta de Brocart S.A. fue evaluada por una comisión especial entre el 10 y el 25 de marzo de este año. En ese lapso, se emitió un dictamen por unanimidad recomendando declarar de interés público provincial la iniciativa y reconocer a la empresa como autora del proyecto, lo que le otorga prioridad en la licitación y el derecho de mejorar eventuales ofertas más convenientes.

El manejo del proceso licitatorio estuvo bajo estricto hermetismo en el Ministerio de Seguridad y Justicia, que conduce Daniel Jara. Ahora, con la declaración oficial del interés público, la Provincia deberá abrir la licitación pública conforme a las condiciones que fija el marco legal para este tipo de iniciativas privadas.

La reactivación del sistema de control de tránsito se considera una herramienta clave tanto para la prevención de accidentes como para el cumplimiento de las normas viales en todo el territorio provincial