Los legisladores provinciales Javier Acevedo y Daniela Agostino (Coalición Cívica ARI - Cambiemos) volvieron a exigir al Poder Ejecutivo de Río Negro que reglamente la Ley L Nº 5639, que establece la formación obligatoria, continua y permanente en discapacidad para todo el personal de la administración pública provincial.

Mediante un proyecto de comunicación presentado esta semana, los parlamentarios solicitaron que el Gobierno instruya al organismo correspondiente para poner en marcha la reglamentación de la norma, sancionada por la Legislatura en marzo de 2023 y promulgada en abril del mismo año. A más de un año de su aprobación, la ley continúa sin avances concretos, lo que impide su implementación efectiva.

“El Estado debe asumir su responsabilidad de formar a sus agentes públicos bajo un enfoque de derechos que reconozca y respete la diversidad”, indicaron Acevedo y Agostino, quienes ya habían impulsado un proyecto similar que fue aprobado el 31 de octubre de 2023, sin que hasta el momento se haya registrado ninguna acción oficial.

La Ley 5639 busca garantizar una perspectiva inclusiva en todos los niveles del Estado, promoviendo la eliminación de barreras culturales, comunicacionales y estructurales que afectan a las personas con discapacidad. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación formal impide iniciar los procesos de formación, dejando sin efecto el espíritu transformador de la norma.

Los legisladores recordaron además que el 6 de diciembre de 2024, organizaciones nucleadas en la Red Provincial de Instituciones Rionegrinas de Discapacidad —entre ellas, CEA (Comunidad Empoderada Autista), Familia Neurodiversa, Apasido, Faro Patagónico y Hacemos Accesibilidad— presentaron una nota al vicegobernador Pedro Pesatti y solicitaron ser convocadas a espacios de diálogo y formación. También invitaron a legisladores a participar de una charla informativa que expuso la urgencia de reglamentar la ley.

“El pedido de las organizaciones es claro: que se convoque oficialmente a los procesos de capacitación y que se avance en el cumplimiento efectivo de una ley que fue fruto del consenso legislativo y del trabajo de las familias y comunidades involucradas”, subrayaron.

“La reglamentación es el primer paso para transformar en hechos concretos una legislación que apunta a construir una administración pública más accesible, inclusiva y respetuosa de la diversidad”, concluyeron Acevedo y Agostino.