La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación y rechazo ante lo que calificó como una utilización impropia, despectiva o políticamente interesada de la consigna “Nunca Más” por parte de altas autoridades del Estado y sectores del oficialismo nacional.

En un documento que cuenta con la adhesión de Defensorías del Pueblo de todo el país, incluido el defensor de Viedma, Marín Pérez Morando, se recordó que la expresión “Nunca Más” remite a un momento fundacional de la democracia recuperada, ligado al repudio del terrorismo de Estado, al reconocimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y al compromiso de que estos hechos no se repitan.

La entidad subrayó que el significado histórico de la consigna se consolidó institucionalmente a partir del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y del Juicio a las Juntas, y que su vigencia ha sido sostenida por la sociedad civil, organismos de derechos humanos y políticas públicas desarrolladas en democracia.

En ese sentido, advirtieron que “su resignificación ajena a este marco no solo banaliza un símbolo histórico, sino que genera un retroceso en el consenso democrático construido en torno a la garantía de no repetición, base esencial de la arquitectura nacional e internacional de los derechos humanos”.

Asimismo, remarcaron que las Defensorías del Pueblo, como órganos autónomos con mandato legal para promover y proteger derechos humanos, consideran que la utilización descontextualizada o peyorativa del “Nunca Más” pone en riesgo los marcos normativos e institucionales que sostienen la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina.

El documento concluye exhortando al respeto institucional y político del significado histórico, ético y jurídico de la consigna. “Defenderlo no es un gesto declamativo: es preservar los fundamentos democráticos del Estado de Derecho que se construyen día a día”, sostuvieron.

El pronunciamiento fue rubricado por María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo CABA, presidenta de ADPRA), Enrique Pochat (Defensor del Pueblo de Morón, vicepresidente 1º), José Leonardo Gialluca (Defensor del Pueblo de Formosa, vicepresidente 2º), Claudia Bard (Defensora del Pueblo de Chubut, vicepresidenta 3ª) y los titulares de las Defensorías del Pueblo adherentes de todo el país.