El bloque Vamos con Todos, junto a integrantes de PJ – Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial para que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) —dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, que conduce Juan Pablo Muena— detalle las acciones realizadas en relación con la muerte de Carlos Petrini Norambuena, ocurrida el 27 de junio en Viedma, presuntamente a manos de otro adolescente que también estaba bajo resguardo estatal.

El presidente del bloque, José Luis Berros, cuestionó el accionar de las autoridades: “No podemos mirar para otro lado cuando un joven que estaba bajo cuidado estatal termina muerto y otro, también bajo cuidado, es señalado como autor del hecho. Queremos saber si el sistema que dirige el ministro Muena funcionó o si directamente no hizo lo que debía”.

Berros señaló que la ausencia de un pronunciamiento oficial sobre el caso “es inaceptable y agrava la situación”, y agregó: “El silencio del ministro Muena y de su cartera no es una opción. La sociedad necesita respuestas claras, no excusas. Queremos saber qué medidas concretas tomó la SENAF antes y después de este hecho y si se cumplieron o no los protocolos de protección”.

El pedido de informes requiere información sobre el acompañamiento que recibían ambos adolescentes, las medidas de prevención aplicadas, la articulación con programas como el de Acompañamiento al Egreso (PAE) y la posible responsabilidad del organismo proteccional.

“Estamos hablando de jóvenes que ya venían de historias muy duras y que, justamente por eso, estaban bajo protección del Estado. Si en ese marco se produce una muerte, el Estado —y el ministro Muena como responsable político— deben explicar qué hicieron, qué no hicieron y por qué”, sostuvo Berros.

La iniciativa cuenta con la firma de José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), junto a Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García (PJ – Nuevo Encuentro), quienes exigieron que la información sea remitida dentro de los plazos legales.

“No se trata sólo de un caso judicial. Estamos ante un hecho que desnuda las fallas en las políticas públicas y la falta de capacidad de respuesta. Si el Estado no cuida, desprotege; y eso es lo que queremos evitar”, concluyó el presidente del bloque.