Proponen restringir uso de carbón mineral en programas de asistencia energética

Vamos con Todos presentó un proyecto de ley que busca prohibir la entrega de este combustible en el Plan Calor por los riesgos que implica para la salud y el ambiente

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La legisladora Ayelén Spósito presentó una iniciativa que establece que el carbón mineral no podrá ser adquirido, distribuido ni entregado como insumo de calefacción en el marco del “Plan Calor” ni en ningún otro programa de asistencia energética promovido, financiado o gestionado total o parcialmente por el Estado provincial.

El proyecto, acompañado por la totalidad del bloque Vamos con Todos, cuenta además con el respaldo de distintos actores sociales y ambientales. Surge luego de que el Gobierno de Río Negro incorporara carbón mineral, proveniente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en pruebas piloto del Plan Calor 2025 en localidades de la Región Sur.

Desde entonces, se advirtió sobre los riesgos que representa para la salud y el ambiente el uso domiciliario de este insumo. Según se detalla en los fundamentos de la propuesta, su combustión libera gases y partículas altamente contaminantes —como monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado fino y metales pesados— que pueden provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

También se remarca que la quema de carbón es una de las fuentes de energía con mayor emisión de gases de efecto invernadero, en contradicción con los lineamientos provinciales de lucha contra el cambio climático.

La propuesta legislativa dispone que, en reemplazo del carbón mineral, los programas estatales prioricen la entrega de fuentes de energía más seguras y menos contaminantes, tales como gas envasado, leña certificada, pellets de biomasa u otras alternativas que determine la autoridad de aplicación.

Con esta iniciativa, se busca garantizar la protección de la salud pública, promover alternativas energéticas limpias y sostenibles, y alinear las políticas provinciales con criterios de justicia ambiental y social.

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