El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió con la participación de representantes de todas las provincias y declaró el Estado de Alerta en la Administración Pública Nacional, en el marco de un reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno. Además, el gremio convocó a las y los trabajadores estatales a participar activamente en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Desde el encuentro realizado en el Hotel 27 de Junio, en el barrio porteño de San Telmo, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “la situación es insostenible” y reclamó un aumento de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias. Según expresó, los incrementos previstos hasta fin de año dejarán a más del 80% de los empleados públicos por debajo de la línea de pobreza.

El gremio manifestó su preocupación por el creciente endeudamiento de los hogares y por los aumentos en alimentos, que en la última semana superaron el 10%. En este contexto, el sindicato anticipó que se encuentra evaluando una nueva medida de fuerza de alcance general para las próximas semanas.

Durante el encuentro, se analizaron los efectos del ajuste en los distintos niveles del Estado. De acuerdo con los datos presentados, la inflación acumulada durante la gestión de Javier Milei hasta agosto fue del 160,1%, mientras que las paritarias estatales —rechazadas por ATE y aceptadas por UPCN— alcanzaron el 92,3%, lo que representa una pérdida del 67,8% en relación con la evolución de los precios.

ATE señaló además que el recorte salarial y presupuestario se profundiza en las provincias y en más de 2.200 municipios del país, afectando las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. En este marco, el sindicato recordó que el último acuerdo paritario firmado por el Gobierno nacional estableció aumentos del 1,1% para octubre y otro 1,1% para noviembre, porcentajes que consideró insuficientes frente a la inflación.

Por último, el sindicato cuestionó la legalidad de algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional, y destacó los decretos que fueron frenados judicialmente tras la intervención del gremio, entre ellos los que disponían el cierre del INTI e INTA, el ataque al derecho de huelga y la eliminación del Día del Trabajador del Estado.

Con esta declaración de Estado de Alerta, ATE busca visibilizar el deterioro del salario y las condiciones laborales en el sector público, además de fortalecer la organización sindical frente a las políticas de ajuste aplicadas en los distintos niveles de gobierno.