Una acción judicial impulsada desde Río Negro a fines de 2023 continúa siendo una herramienta para sostener los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Se trata de la causa conocida como “Árbol de Pie”, promovida por organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas, dirigentes sindicales, integrantes de asambleas socioambientales y vecinos de distintos puntos de la provincia.

Entre quienes participaron del reclamo se encuentra la legisladora Magdalena Odarda, junto con otros amparistas que buscaron frenar los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales, establecida en el artículo 154 del DNU 70/2023.

El proceso judicial tuvo un antecedente en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese expediente, se abrió un período de diez días durante el cual, de acuerdo con el planteo de los impulsores del amparo rionegrino, se registraron operaciones inmobiliarias vinculadas con propiedades que tienen lagos y ríos en distintos puntos del país.

Una nueva resolución del máximo tribunal, esta vez en la causa “Árbol de Pie”, permitió frenar esa situación y mantener vigentes las restricciones previstas en la legislación sobre tierras rurales. Pero la discusión también llegó al Congreso nacional. La Cámara de Diputados avanzó con la eliminación del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Sin embargo, el proyecto todavía debe volver al Senado para completar su tratamiento.

Mientras ese trámite legislativo continúa, la medida judicial obtenida por los amparistas de Río Negro mantiene vigentes los límites establecidos por la normativa, de acuerdo con el planteo difundido por quienes impulsan la causa. Los promotores del amparo también destacaron el papel de las movilizaciones realizadas el 6 de agosto y el 15 de octubre, además del trabajo sostenido de organizaciones sociales y ambientales, comunidades indígenas y ciudadanos que acompañaron el reclamo.

La causa “Árbol de Pie” también dejó definiciones que sus impulsores consideran relevantes para el derecho ambiental argentino. Entre ellas, mencionan el reconocimiento del Acuerdo de Escazú, el rol activo que deben asumir los jueces ante posibles daños ambientales, la posibilidad de dictar medidas cautelares y la garantía de una tutela judicial efectiva.

Esos criterios pueden tener incidencia en futuros procesos judiciales vinculados con la protección del ambiente, al establecer herramientas para intervenir ante riesgos o daños que requieran una respuesta de la Justicia. En ese marco, los impulsores del reclamo destacaron tanto la intervención del CECIM de La Plata como el trabajo de los amparistas rionegrinos que sostuvieron la acción desde sus inicios.