La Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos contra un hombre de 41 años acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil, en perjuicio de menores de 18 y 13 años. La imputación se encuadra en los artículos 128, 55 y 45 del Código Penal, que sancionan este tipo de delitos.

Según la acusación fiscal, el primer hecho ocurrió el 21 de marzo de 2024, cuando el imputado, utilizando su teléfono celular y conectado a su red doméstica, resguardó y almacenó material con contenido sexual explícito de menores de edad.

El segundo hecho tuvo lugar entre septiembre y noviembre del mismo año, período durante el cual el acusado habría tenido en su poder 79 videos y al menos 20 fotografías de similares características. Dicho material fue hallado en su dispositivo móvil durante un allanamiento realizado en su vivienda ubicada sobre la calle Estrada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa oficial y la defensora de menores adhirieron a la descripción de los hechos y a la calificación legal propuesta por la Fiscalía. La jueza de Garantías interviniente dio por formalizada la acusación y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

La causa se originó a partir de una alerta internacional emitida por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo estadounidense que actúa tras denuncias efectuadas por plataformas digitales, en este caso Google, al detectar la circulación de material que involucra a niñas, niños y adolescentes. La notificación incluye los datos de la dirección IP desde la cual se subió o descargó el contenido, permitiendo la intervención de las autoridades locales.

En paralelo, se desarrolló una investigación en la ciudad de Catriel por un caso de características similares. En ese operativo se secuestraron varios dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos celulares. Al igual que en la causa de Cinco Saltos, la investigación se inició a partir de una alerta internacional emitida por el NCMEC.

Ambas causas permanecen en etapa de investigación, con intervención de la Justicia provincial y colaboración de organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a los delitos de explotación y abuso sexual.