La sentencia que ordena a Vialidad Nacional ejecutar obras urgentes en el tramo Bariloche – El Bolsón de la Ruta Nacional 40 quedó firme y deberá cumplirse sin demoras. La decisión judicial cierra un proceso iniciado en 2022 por el gobernador Alberto Weretilneck, junto al Gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo y diversas entidades regionales, ante el deterioro progresivo de una vía estratégica para la conectividad andina y la actividad turística y económica del sudoeste provincial.

El amparo colectivo se había presentado luego de años sin respuestas oficiales y en un contexto de creciente peligrosidad del corredor, donde el desgaste de la calzada y la falta de intervenciones estructurales generaban riesgos para la seguridad, la integridad física y la vida de quienes transitan diariamente la ruta. Con la sentencia firme, la Nación deberá ejecutar de manera inmediata el conjunto de trabajos ordenados, con cargo al presupuesto 2024.

El fallo exige la reparación urgente de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas, así como la corrección de descalces de banquinas. También ordena reponer completamente la señalización horizontal en los sectores intervenidos y colocar señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas de riesgo de derrumbe y otros puntos críticos. Todas estas tareas deberán cumplirse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

La resolución judicial fija plazos precisos. En los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, junto a un cronograma detallado de ejecución de cada reparación. En el mismo período, deberá entregar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso y, de existir ese peligro, proponer medidas correctivas con sus tiempos de implementación. Además, tendrá que informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, establecer qué acciones se adoptarán y en qué plazo.

A los 120 días, el organismo deberá presentar un plan integral de mantenimiento para aplicar luego de las reparaciones iniciales. Ese esquema deberá incluir acciones preventivas y de conservación a futuro que aseguren condiciones sostenidas de seguridad vial en el corredor.

La sentencia reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida y la seguridad de la población, y reconoce la inacción de Vialidad Nacional durante años. También valida el derecho —y el deber— de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional en una de las rutas más importantes para la región andina.