La Justicia provincial formalizó este miércoles el inicio de una investigación penal contra dos mujeres acusadas de causar un perjuicio económico al IPROSS mediante la presunta presentación de facturas y planillas de asistencia falsificadas. La causa se centra en maniobras atribuidas a una afiliada titular y a la persona que facturaba como cuidadora domiciliaria o enfermera.

De acuerdo con la descripción fiscal, los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y febrero de 2024. Según la acusación, ambas habrían presentado dieciséis facturas ante el IPROSS para simular servicios de cuidado domiciliario por un monto superior a 3.400.000 pesos. La fiscalía sostiene que la documentación presentada no reflejaría prestaciones reales.

La hipótesis del Ministerio Público se apoya en evidencia documental incorporada a la causa. Entre los elementos mencionados se destacan certificaciones hospitalarias que indicarían que la presunta cuidadora trabajaba a tiempo completo en Catriel hasta febrero de 2023 y que posteriormente se habría trasladado fuera de la provincia, lo que, según la teoría fiscal, imposibilitaría la prestación del servicio en la localidad de El Bolsón.

La acusación también incluye un Informe Técnico Contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y dictámenes de auditoría que cuantifican el presunto perjuicio económico e identifican irregularidades en las presentaciones realizadas. Estos informes conforman parte del sustento probatorio de la fiscalía para avanzar en la etapa investigativa.

Durante la audiencia, la Defensa Penal Oficial no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo requerido para la investigación, aunque dejó asentada una reserva de impugnación vinculada a una resolución previa relacionada con una caducidad de instancia. El juez interviniente dio por formulados los cargos por los delitos de defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsificación de documentos en general, atribuidos a ambas como coautoras.

El magistrado fijó además un plazo de cinco meses para la investigación penal preparatoria, con fecha de finalización prevista para abril de 2026. Asimismo, dispuso que las imputadas deberán mantener actualizados su domicilio y números de contacto, bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes en caso de incumplimiento.