El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por el presunto delito de estafa, tras una denuncia que señala el uso no autorizado de una tarjeta de crédito perteneciente a su prima. La investigación se inició luego de que la mujer detectara consumos que no había realizado y que, según la acusación, habrían sido efectuados por el imputado.

De acuerdo con la formulación de cargos, el hombre habría obtenido los datos de la tarjeta de crédito y realizado con ellos múltiples compras y consumos. Entre los movimientos registrados se incluyen pasajes adquiridos a través de Plataforma 10 a nombre del propio imputado y de su pareja. La Fiscalía indicó que estos consumos generaron un perjuicio económico significativo para la denunciante.

Según la presentación fiscal, la víctima tomó conocimiento de las transacciones cuando recibió el resumen mensual, momento en el cual desconoció los gastos ante la entidad emisora y solicitó la baja del plástico. En su declaración, la denunciante mencionó sospechas sobre un familiar debido a que habían permanecido juntos en un domicilio durante una visita al tío de ambos. También refirió conocer situaciones similares que habrían afectado a otras personas del mismo entorno familiar.

Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó los resúmenes de cuenta donde figuran los consumos objetados. Con esa información, la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) obtuvo registros asociados a la compra de pasajes vinculados al imputado y a una tercera persona identificada como su pareja. Además, un informe de Plataforma 10 confirmó tanto el uso de la tarjeta de la denunciante como la identidad de uno de los pasajeros, coincidente con la del acusado.

La acusación se encuadra en el delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal, en calidad de autor conforme el artículo 45. Durante la audiencia se anticipó la posibilidad de que las partes evalúen una salida alternativa al proceso.

El defensor público del imputado no presentó objeciones a la formulación de cargos, mientras que el juez de garantías dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses e impuso obligaciones destinadas a asegurar la sujeción del acusado al proceso.