El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de ejercer violencia física contra su ex pareja, su hermana y personal policial, además de incumplir una orden judicial vigente, y solicitó su prisión preventiva, medida que fue dispuesta por el juez de Garantías para garantizar el avance de la investigación penal.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, los hechos ocurrieron en horas de la noche, alrededor de las 21.30, en un domicilio particular. En ese contexto, el imputado habría agredido físicamente a su ex pareja mediante un golpe de puño, provocándole lesiones de carácter leve, en un episodio encuadrado dentro de un contexto de violencia de género.

Durante el mismo suceso, siempre según la acusación fiscal, el hombre también habría atacado a su hermana, ocasionándole lesiones leves. Posteriormente, al intervenir el personal policial, el imputado habría reaccionado de manera violenta, propinando golpes a las y los efectivos y portando un cuchillo, lo que derivó en una imputación adicional por atentado a la autoridad agravado por el uso de un arma.

La Fiscalía indicó además que el accionar atribuido al imputado implicó la desobediencia de una prohibición judicial de acercamiento y contacto que se encontraba vigente respecto de su ex pareja y del domicilio de esta, medida que había sido dispuesta con anterioridad en resguardo de la integridad de la víctima.

Por estos hechos, se le imputaron los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, desobediencia judicial, lesiones leves en perjuicio de su hermana y atentado a la autoridad agravado por el uso de un arma. Como sustento probatorio, la acusación presentó el acta de procedimiento policial, la denuncia realizada por la ex pareja del acusado y la denuncia efectuada por su hermana, ambas identificadas como víctimas.

Al solicitar la medida cautelar, la Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales, especialmente el peligro de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta el incumplimiento previo de medidas judiciales y la necesidad de avanzar con pericias pendientes, entre ellas entrevistas a las dos mujeres afectadas, que deben realizarse en un marco de resguardo y seguridad.

La Defensa Penal se opuso a la prisión preventiva y propuso la aplicación de medidas alternativas, como la colocación de un dispositivo dual y la reiteración de una prohibición de acercamiento y contacto. Sin embargo, tras escuchar a las partes y analizar los argumentos presentados, el juez de Garantías resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del imputado para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial.