Un pedido formal para que se investigue la contratación del alquiler del helicóptero destinado al combate de incendios forestales fue presentado ante la Procuración General de Río Negro, en relación a una licitación impulsada por el Poder Ejecutivo provincial por un monto superior a los 6,7 millones de dólares.

La presentación fue realizada por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé, quien solicitó al procurador general Jorge Crespo que se analice el procedimiento de contratación llevado adelante en el marco de la Licitación Pública Nº 98/2025. El trámite fue gestionado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Según lo expuesto, el planteo apunta a determinar si el proceso respetó los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y resguardo de la hacienda pública. En ese sentido, el legislador manifestó reparos sobre la confección del expediente administrativo y los criterios aplicados para la evaluación de las ofertas presentadas.

Uno de los puntos centrales del pedido se vincula con el rechazo de una propuesta que, de acuerdo a lo informado, resultaba un 39% más económica. Se trata de la oferta presentada por la empresa Helicopters AR S.A., que no fue seleccionada, mientras que la adjudicación recayó en Aeroguardian S.A. por un monto considerablemente superior.

Asimismo, Delgado Sempé advirtió sobre los plazos del procedimiento licitatorio, que consideró reducidos, lo que podría haber incidido en la igualdad de condiciones entre los oferentes y en los principios de concurrencia y transparencia previstos en la normativa vigente, al otorgarse menos tiempo del establecido para la preparación de las propuestas.

Otro aspecto señalado en la presentación es que la aeronave adjudicada no cumpliría con todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el pliego licitatorio, particularmente en lo referido a la capacidad de descarga de agua y al traslado de brigadistas, dos factores clave para la operatividad en el combate de incendios forestales.

El pedido también solicita que se analice la posible existencia de sobrecostos en la contratación, al considerar que el valor adjudicado supera referencias de mercado y antecedentes de contrataciones similares realizadas por otras jurisdicciones, sin que se haya incorporado una justificación técnica que explique esa diferencia.

Finalmente, el legislador sostuvo que el análisis del procedimiento resulta relevante tanto por la necesidad de contar con recursos adecuados para enfrentar incendios forestales como por la obligación de garantizar el uso transparente y eficiente de los fondos públicos provinciales.