La Justicia local decidió prohibir el ingreso a un casino de esta ciudad a un hombre que mantiene deuda en el pago de la cuota alimentaria, en el marco de un proceso de ejecución de alimentos promovido por la Defensa Pública de Derechos de Familia. La medida busca garantizar que el cumplimiento de las obligaciones parentales no se vea afectado por conductas que prioricen el ocio por sobre los derechos de los hijos e hijas.

Según informaron desde la Defensa Pública, la solicitud se fundamentó en registros que acreditaban que el hombre concurría de manera habitual al casino mientras continuaba sin abonar la cuota fijada judicialmente. La intervención del organismo tuvo como objetivo implementar acciones concretas para que el incumplimiento no persista y se promuevan conductas responsables en materia parental.

Al momento de resolver, la magistrada a cargo recordó que “la cuestión alimentaria es uno de los derechos humanos básicos” y que, para niños, niñas y adolescentes, la ley otorga un nivel de protección adicional por su situación de vulnerabilidad. La decisión judicial destacó que las prestaciones alimentarias forman parte de los deberes derivados de la responsabilidad parental y son esenciales para garantizar derechos fundamentales relacionados con el desarrollo integral de las personas menores de edad.

La resolución recordó además que el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 553, faculta a jueces y juezas a adoptar “medidas razonables” para asegurar la efectividad de las decisiones que fijan alimentos. Esto incluye la posibilidad de implementar restricciones de carácter preventivo, siempre vinculadas a la protección de derechos humanos básicos y a la satisfacción de necesidades esenciales de los hijos e hijas.

La prohibición de ingreso al casino se mantendrá vigente hasta que el progenitor regularice la totalidad de la deuda alimentaria. La magistrada también advirtió que, en caso de que persista el incumplimiento, podrán adoptarse otras acciones complementarias para asegurar el pago. La medida refleja la aplicación de herramientas judiciales orientadas a resguardar los derechos de menores en situaciones de morosidad por parte de uno de los progenitores.