La revocación de una condena condicional y su transformación en pena de cumplimiento efectivo quedó firme tras una audiencia de revisión en la que un tribunal confirmó por unanimidad que el condenado, el ex policía Rubén Muñoz, referente del grupo Bienestar Policial, deberá continuar detenido.

Durante la instancia, se ratificó la decisión adoptada previamente por el juez de Ejecución Fernando Romera, quien había dispuesto el cambio de modalidad de la pena al verificar un nuevo incumplimiento de las pautas de conducta impuestas en la sentencia contra el expolicía de Roca.

La defensa, a cargo de Eduardo Carrera, cuestionó la resolución al sostener que resultaba arbitraria y desproporcionada, además de objetar la validez de la prueba presentada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que el condenado tenía pleno conocimiento de las condiciones que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo se encontraba ajustado a derecho.

En ese marco, durante la audiencia la fiscal remarcó que Muñoz había sido condenado por amenazas y que las reglas impuestas formaban parte de las condiciones para sostener su libertad. “Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado”, señaló.

Entre las pautas establecidas figuraban restricciones de acercamiento, contacto y comunicación respecto del actual ministro de Seguridad, Daniel Jara, quien fue identificado como víctima en uno de los expedientes. Estas condiciones integraban los puntos centrales de la sentencia que había dispuesto originalmente la ejecución condicional de la pena.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal concluyó que los planteos de la defensa no lograban desvirtuar la resolución previa. En ese sentido, consideró que la decisión del juez de Ejecución se encontraba debidamente fundamentada tanto en los hechos como en el derecho.

La resolución fue adoptada por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon, quienes coincidieron en que no existían elementos para considerar la medida como arbitraria ni desproporcionada.

Además, el tribunal validó la prueba incorporada durante el proceso y señaló que el material audiovisual presentado resultó suficiente para justificar la revocación del beneficio de la condena condicional.

De esta manera, quedó firme la decisión judicial que establece que el condenado deberá cumplir la pena de manera efectiva en un establecimiento penitenciario, en función de los incumplimientos verificados durante el período en que gozaba de libertad bajo condiciones.