La compra de más de 14 mil hectáreas en una zona de frontera de Río Negro generó discusión sobre el control de las tierras rurales y la participación de capitales extranjeros en áreas estratégicas de la Patagonia. La sospecha de que la operación se habría concretado mediante una persona interpuesta y con fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos derivó en un pedido de intervención del Estado nacional.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Marcelo Mango, quien reclamó que el Poder Ejecutivo investigue la adquisición de tierras en la zona de Alto Río Chubut y Cerro Carreras. Según el proyecto, existen indicios de que la operación habría sido realizada para beneficiar intereses extranjeros, pese a las restricciones previstas por la legislación argentina.

“La Patagonia no está en venta. Cuando aparecen fondos extranjeros, compras sospechosas y posibles testaferros, lo que está en discusión ya no es un boleto de compraventa: es la autoridad del Estado argentino sobre su propio territorio”, sostuvo Mango.

El proyecto solicita que intervengan los organismos nacionales competentes para determinar si se violó la Ley 26.737, que regula la propiedad de tierras rurales por parte de personas extranjeras y fija límites para las adquisiciones en zonas de frontera.

Según la presentación, la operación bajo sospecha involucra más de 14 mil hectáreas ubicadas en un área considerada estratégica. La principal hipótesis es que un ciudadano argentino habría actuado como intermediario o “pantalla” para permitir que el control efectivo de esas tierras quedara en manos de intereses vinculados a Emiratos Árabes Unidos.

“Si un ciudadano argentino actuó como pantalla para poner tierras en manos de intereses extranjeros, el Estado nacional no sólo tiene la facultad de intervenir: tiene la obligación de hacerlo”, afirmó el legislador rionegrino.

La propuesta legislativa pide además que, si se comprueba una infracción a la ley, se impulsen las acciones administrativas y judiciales correspondientes, incluida la posible nulidad de la operación. También reclama que el Poder Ejecutivo informe a la Cámara de Diputados, en un plazo de 30 días, cuáles fueron las medidas adoptadas, qué actuaciones se iniciaron y cuáles son los primeros resultados de la investigación.

El pedido de Mango surgió a partir de declaraciones realizadas durante un juicio oral, en las que se reconoció el ingreso de fondos desde el exterior para concretar la compra de esas tierras. Ese dato, según el diputado, reforzó las sospechas sobre una maniobra destinada a eludir la legislación vigente.

Además de apuntar a la operación en particular, Mango vinculó el caso con el escenario político nacional y cuestionó las políticas de desregulación. “Mientras se promueve la desregulación y el retiro del Estado, aparecen operaciones que ponen en riesgo el control sobre nuestros recursos y nuestro territorio. Eso no es libertad: es desprotección”, señaló.

El legislador consideró que la discusión excede una compraventa privada y remarcó que involucra cuestiones vinculadas a la soberanía, el control territorial y la administración de los recursos estratégicos de la Patagonia.

“No puede haber silencio ni pasividad cuando hay sospechas de extranjerización encubierta en áreas estratégicas”, concluyó Mango. “El Estado tiene que hacer valer la ley y defender la soberanía argentina”.