La quita de las licencias gremiales a las dos principales referentes de Asspur sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de la conducción del sindicato, que vinculó la medida con una decisión política de excluir al gremio de los espacios de discusión sobre la salud pública en Río Negro. La secretaria general sostuvo que la situación no afecta solamente a las dirigentes alcanzadas, sino que apunta directamente a la organización sindical.

Cesira Mullally planteó que las únicas dirigentes que contaban con licencia gremial dentro de ASSPUR eran ella y la secretaria gremial Marisa Albano. Ambas habían accedido a ese derecho luego de completar el trámite administrativo correspondiente, pero este año el Gobierno resolvió no renovarlas con el argumento de que el sindicato no cuenta con personería gremial en la provincia.

La dirigente rechazó esa interpretación y sostuvo en una entrevista con el Programa Raíz informativa que conduce el periodista Pedro Caram, que la situación de los gremios se regula a nivel nacional. Explicó que Asspur tiene presentada su certificación de autoridades y que el argumento utilizado para quitar las licencias “no corresponde”. Para Mullally, la medida forma parte de una estrategia más amplia para dejar al sindicato sin participación en los ámbitos donde se discuten salarios, condiciones laborales y el funcionamiento del sistema sanitario.

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En esa línea, recordó que la llamada Mesa de Salud, en la que el gremio participaba junto a funcionarios y otros sectores, dejó de convocarse el año pasado. Según señaló, existió un compromiso público para reactivar ese espacio, pero nunca se concretó. “Desde entonces hubo una definición de no dar participación a nuestro sindicato”, sostuvo.

La secretaria general también vinculó la quita de las licencias con el sumario administrativo iniciado contra Albano por presuntas inasistencias injustificadas. Remarcó que la dirigente estaba haciendo uso de una licencia gremial cuando se le imputaron esas faltas y consideró que el procedimiento administrativo resulta incompatible con esa situación.

Para Mullally, el sumario y la decisión sobre las licencias forman parte de un mismo conflicto. Aseguró que el planteo oficial sobre la supuesta ausencia de tutela sindical es “falso” y advirtió que se trata de un antecedente que puede impactar sobre cualquier representación gremial. “Lo que se busca es disciplinar a quienes cuestionan”, resumió.

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Más allá de la situación sindical, la dirigente aprovechó para describir el escenario que atraviesa la salud pública provincial. Señaló que existen salarios bajos, dificultades para cubrir cargos y una salida permanente de profesionales hacia el sector privado. Indicó que los hospitales tienen cada vez más problemas para sostener guardias, servicios y reemplazos.

“Hay trabajadores empobrecidos y una fuga de recursos humanos muy importante”, afirmó Mullally, quien describió un sistema con niveles crecientes de precarización, maltrato al personal y dificultades para atraer y retener profesionales. También advirtió sobre el desgaste que atraviesan quienes siguen trabajando en los hospitales públicos.

En medio de ese panorama, la conducción de ASSPUR destacó las muestras de apoyo recibidas en los últimos días de parte de otros gremios, organizaciones sociales y espacios de jubilados. Mullally consideró que ese respaldo se explica porque la disputa excede a dos dirigentes y pone en discusión el lugar que tendrán las organizaciones sindicales dentro del sistema de salud provincial.