La muerte de sus padres en menos de un mes dejó a un adolescente de 15 años bajo el cuidado cotidiano de sus hermanos en una localidad de la zona atlántica rionegrina. Frente a esa situación, la Defensa Pública promovió una acción judicial para formalizar la tutela legal a cargo de una de sus hermanas mayores y garantizar la continuidad de su entorno familiar y educativo.

El joven, identificado como L., perdió primero a su padre en mayo de 2025 y pocas semanas después también falleció su madre. Desde entonces, cuatro de sus hermanos asumieron el acompañamiento emocional, afectivo y económico necesario para sostener su vida cotidiana.

La presentación judicial fue impulsada por el Ministerio Público de la Defensa a pedido de una hermana de 25 años, quien solicitó ser designada formalmente como tutora legal del adolescente para poder representarlo en trámites y decisiones vinculadas con su vida diaria.

La intervención estuvo a cargo de la Defensa Civil de San Antonio Oeste, que promovió una acción de tutela con el objetivo de regularizar jurídicamente una dinámica familiar que ya funciona en los hechos.

El entorno familiar permitió que el adolescente continúe asistiendo a la misma escuela, mantenga sus vínculos sociales, siga practicando deporte y preserve las actividades que forman parte de su desarrollo personal y de su centro de vida.

Además de solicitar la tutela definitiva, el defensor de pobres y ausentes pidió como medida cautelar una tutela provisoria mientras avance el expediente judicial.

La presentación también requirió que las asignaciones familiares, ayudas escolares y otros subsidios vinculados al adolescente puedan ser percibidos por su hermana durante el proceso, para garantizar la continuidad de los recursos destinados a su bienestar y educación.

Dentro del expediente se pidió además que el joven sea escuchado por el Juzgado Multifueros, con intervención de la Defensoría de la Niñez y del Equipo Técnico Interdisciplinario, en cumplimiento de su derecho a expresar opinión sobre las decisiones que lo involucran.

El trámite judicial pone el foco en el principio del interés superior del niño y adolescente, priorizando la estabilidad emocional, la continuidad de los vínculos afectivos y la preservación de su proyecto de vida dentro del mismo entorno familiar.

La causa incorpora también una lista de testigos que podrán ser convocados para acreditar la dinámica de cuidado y acompañamiento que la familia viene sosteniendo desde el fallecimiento de los padres.