Las familias rionegrinas que no logran afrontar las facturas de luz, gas y agua esperan la puesta en marcha de una ley que impide la interrupción de esos servicios esenciales hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma fue sancionada por la Legislatura el pasado 11 de junio, pero aún resta su promulgación para que pueda comenzar a aplicarse en toda la provincia.

El reclamo fue planteado por el legislador Leandro García, del bloque PJ-Nuevo Encuentro, quien pidió al Gobierno provincial avanzar con los pasos administrativos necesarios para que la medida tenga efecto. Explicó que la ley alcanza a familias cuyos ingresos se encuentren por debajo de la Canasta Básica Familiar Patagónica y contempla situaciones vinculadas a personas mayores, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.

La iniciativa establece que las empresas prestadoras no podrán suspender los servicios por falta de pago a quienes acrediten esa condición económica. Además, deberán ofrecer planes de pago acordes a los ingresos familiares, aunque las deudas acumuladas no serán eliminadas.

García sostuvo que la medida responde a una realidad que se repite en distintas localidades de Río Negro, donde el incremento de las tarifas quedó muy por encima de la evolución de salarios, jubilaciones y pensiones. En ese escenario, señaló que muchas familias recurren a créditos para afrontar gastos básicos y evitar quedarse sin servicios esenciales.

El legislador también advirtió que en experiencias anteriores existieron dificultades para acceder a este beneficio debido a exigencias burocráticas y diferencias en los criterios de aplicación. Sin embargo, consideró que la nueva redacción de la ley incorpora parámetros más precisos para acreditar la vulnerabilidad económica y reduce los márgenes de interpretación.

De acuerdo con lo explicado, una vez promulgada la norma las personas interesadas deberán presentar una declaración jurada ante la empresa prestadora correspondiente. Luego intervendrán organismos como el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la Agencia de Recaudación Tributaria, que tendrán responsabilidades en la implementación del sistema.

En paralelo, el bloque mantuvo reuniones con organizaciones que trabajan junto a personas mayores, personas con discapacidad y distintos sectores comunitarios para difundir los alcances de la ley y acompañar a quienes necesiten iniciar los trámites.

Un proyecto para enfrentar el sobreendeudamiento

Durante la entrevista, García también se refirió a una propuesta legislativa orientada a atender el crecimiento de las deudas familiares en Río Negro.

El proyecto plantea la creación de un registro provincial de endeudamiento, con información sobre trabajadores del sector público, privado, monotributistas y trabajadores informales. El objetivo es dimensionar la problemática y generar herramientas de intervención.

La iniciativa incluye mecanismos para detectar situaciones de tasas usurarias y propone la creación de un fondo de respaldo que permita facilitar acuerdos de refinanciación sostenibles. El legislador explicó que la intención no es que el Estado pague las deudas de particulares, sino brindar garantías que permitan renegociar compromisos financieros en condiciones más accesibles.

García afirmó que una parte creciente de los ingresos familiares se destina a cubrir gastos corrientes como alimentos, transporte y servicios públicos, situación que deriva en el uso de créditos bancarios, préstamos de plataformas digitales y financiamiento informal con altos costos financieros.

El escenario político y la construcción opositora

Consultado sobre la situación política del peronismo rionegrino, el legislador respaldó la construcción de una alternativa electoral encabezada por María Emilia Soria y consideró que el principal desafío será consolidar una propuesta con identidad propia y capacidad de ampliar su representación.

En ese sentido, sostuvo que el peronismo debe fortalecer su vínculo con los sectores afectados por la situación económica, incorporando temas como el costo de vida, las tarifas, el empleo y el impacto de las políticas nacionales sobre la economía provincial.

También cuestionó el acompañamiento que, a su criterio, el Gobierno de Río Negro brindó a distintas iniciativas impulsadas por la administración nacional y planteó que el debate electoral deberá centrarse en las consecuencias que esas decisiones tienen sobre la actividad económica, los ingresos y las condiciones de vida de la población.