Un comisario de la Policía de Río Negro obtuvo una medida cautelar que limita de manera provisoria los descuentos sobre su salario, luego de que las retenciones por préstamos y otras obligaciones redujeran su haber al extremo de percibir apenas un centavo tras un mes de trabajo. La resolución busca asegurar recursos para afrontar los gastos básicos del grupo familiar y los tratamientos médicos de una de sus hijas.

Fue adoptada por la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, que hizo lugar al planteo presentado por el trabajador y ordenó que las retenciones de este tipo no superen el 33% de la remuneración, una vez descontados los aportes obligatorios. La medida tiene carácter cautelar, no se encuentra firme y podrá ser apelada.

En la presentación judicial se expuso que, durante 14 meses, los descuentos llegaron a absorber hasta el 90,13% de los haberes. El caso alcanzó su punto más crítico en junio de 2026, cuando sobre una remuneración bruta superior a 3,9 millones de pesos, el depósito efectuado fue de $0,01.

Al analizar la documentación incorporada al expediente, el tribunal entendió que la disminución progresiva del ingreso comprometía el carácter alimentario del salario, al impedir cubrir gastos esenciales como el alquiler, los servicios, la alimentación y otras necesidades del grupo familiar.

La sentencia también valoró el impacto que esa situación tenía sobre la hija menor del trabajador, quien presenta patologías neurológicas y motrices. El fallo señaló que la falta de ingresos suficientes dificultaba sostener los tratamientos de rehabilitación e incluso había obligado a interrumpir terapias complementarias, entre ellas la equinoterapia y la natación terapéutica.

Las y los magistrados recordaron que, si bien no existe una norma específica que establezca un tope de descuentos para el personal de la administración pública provincial, existen antecedentes del propio fuero que consideran razonable fijar un límite del 33% para resguardar el derecho al salario y condiciones de vida dignas.

Como parte de la resolución, la Jefatura de Policía deberá controlar que las retenciones no superen ese porcentaje y dejar de aplicar los descuentos que excedan ese límite. Además, el tribunal intimó al comisario a iniciar, en un plazo máximo de diez días, la demanda correspondiente contra las entidades crediticias para que la cuestión sea resuelta de manera definitiva.