La obligatoriedad del control biométrico facial y la geolocalización para trabajadores de Salud Pública llegó a la Justicia después de varias asambleas y reclamos en los hospitales. Carolina Suárez, trabajadora del hospital de Allen y delegada de ATE, fue una de las personas que impulsó la presentación judicial que terminó con un fallo que declaró inconstitucional la exigencia de utilizar este mecanismo.

Suárez contó que el reclamo surgió después de distintas reuniones y asambleas realizadas en el hospital, donde se manifestó un rechazo al sistema de registro mediante datos biométricos y geolocalización. También planteó reparos frente a la posibilidad de que las y los trabajadores tuvieran que utilizar sus propios teléfonos celulares para realizar el registro.

La delegada explicó que el sistema comenzó a implementarse en distintos hospitales de la zona a partir de mediados de agosto. En el caso de Allen, la puesta en funcionamiento tuvo demoras porque el establecimiento no contaba inicialmente con conexión WiFi y luego se sumaron inconvenientes relacionados con la carga del padrón de trabajadores y trabajadoras.

De acuerdo con el relato de Suárez, en una reunión realizada en Cipolletti alrededor del 12 de agosto se transmitió a las autoridades de los hospitales y a Recursos Humanos la información sobre la nueva metodología. A partir de allí comenzaron a instalarse los dispositivos conocidos como tótems en distintos establecimientos de la zona, aunque Allen tuvo dificultades para completar el proceso.

La situación generó preocupación entre quienes debían registrarse porque, mientras se acercaban las fechas establecidas para comenzar a utilizar el sistema, no había dispositivos disponibles en los hospitales para que el personal pudiera efectuar el registro. Suárez sostuvo que, en la práctica, esto hacía pensar que los trabajadores tendrían que utilizar sus propios celulares.

Ese fue uno de los puntos que también cuestionaron en las presentaciones realizadas ante las autoridades. La trabajadora señaló que la resolución contemplaba que se pusiera un teléfono a disposición del personal, pero que esa alternativa no se había concretado en los establecimientos donde debían comenzar los registros.

El reclamo judicial se presentó mientras avanzaban los plazos para la implementación. Suárez explicó que, en ese momento, las y los trabajadores enfrentaban la posibilidad de que no registrar su asistencia derivara en descuentos o actuaciones administrativas, mientras todavía existían dudas sobre el funcionamiento del sistema y sobre el destino de los datos que serían recolectados.

La presentación fue preparada con asesoramiento legal de ATE, después de las asambleas realizadas en el hospital y de notas firmadas por trabajadores y por el sindicato en las que se expresaba el rechazo al mecanismo. El planteo no se limitó a cuestionar el control de asistencia, sino específicamente la metodología utilizada para realizarlo.

En ese punto, Suárez remarcó que las y los trabajadores no se oponen a que el Estado controle el cumplimiento de la jornada laboral. El planteo es que existen otros mecanismos ya utilizados en los hospitales, como la huella digital, las tarjetas de registro, los jefes de servicio, Recursos Humanos y las direcciones de los establecimientos.

La diferencia, sostuvo, está en el nivel de información que se incorpora con el nuevo sistema. Para la delegada, la utilización de datos biométricos y geolocalización a través de un teléfono particular representa una intervención que no resulta necesaria cuando existen otras alternativas para verificar la asistencia.

Uno de los aspectos centrales que tomó el fallo judicial fue precisamente la discusión sobre los límites de las facultades del Estado para controlar la asistencia. La resolución consideró que el cuestionamiento no estaba dirigido al control en sí mismo, sino al método elegido para llevarlo adelante y a la afectación que podía producir sobre derechos vinculados con la privacidad y la autodeterminación informativa.

Suárez también señaló que durante el proceso solicitaron explicaciones sobre qué ocurriría con los datos, cuál sería su destino y qué participación tendría una empresa privada en el sistema. A su entender, las respuestas recibidas fueron insuficientes y no estuvieron acompañadas por un informe técnico que explicara de manera detallada esos aspectos.

En Allen, mientras tanto, el sistema todavía no había comenzado a utilizarse de manera efectiva al momento de la entrevista. El hospital cuenta con 245 trabajadores y trabajadoras, y Suárez estimó que más integrantes podrían recurrir a la Justicia a partir del precedente obtenido por quienes presentaron el amparo.

La delegada relató que el proceso de adhesión al reclamo judicial fue rápido. El viernes 28 de agosto comenzaron a concurrir grupos de trabajadores para avanzar con las presentaciones y, en poco tiempo, se sumaron alrededor de 120 personas. Poco después recibieron la confirmación de que el amparo había sido admitido para su tratamiento.

También aclaró una versión que había circulado sobre la intervención del juez que resolvió el caso. El magistrado no concurrió al hospital de Allen ni mantuvo contacto directo con las y los trabajadores, sino que la notificación sobre la decisión judicial fue recibida a través de personal del juzgado.

El fallo estableció además que existía una situación que requería una respuesta urgente, dado que los plazos para comenzar a utilizar el sistema estaban avanzando y podía producirse un perjuicio para quienes se negaran a entregar sus datos o utilizar el mecanismo impuesto. Esa urgencia fue uno de los elementos considerados para habilitar la vía judicial planteada por los trabajadores.

Ahora, el conflicto continúa porque la decisión judicial puede ser apelada por el Gobierno provincial. Mientras tanto, para Suárez, el planteo de fondo permanece vigente: que el Estado pueda controlar la asistencia de sus trabajadores, pero mediante mecanismos que respeten los límites establecidos para la utilización de datos personales y biométricos.