El sindicato ATE celebró la decisión judicial que dejó sin efecto la obligatoriedad del control de asistencia mediante biometría facial y geolocalización para trabajadores estatales de Río Negro y consideró que la resolución marca un antecedente sobre el uso de datos personales vinculados con la identidad.

La organización gremial sostuvo que el sistema fue implementado sin consulta al personal público y cuestionó que las trabajadoras y los trabajadores no contaran con una alternativa frente a la incorporación de sus datos biométricos a una base estatal. La postura del sindicato había sido expresada desde el inicio de la aplicación de la medida.

El rechazo derivó en asambleas y reclamos en distintos puntos de la provincia, con especial participación del personal del hospital de Allen, y posteriormente en presentaciones judiciales impulsadas por trabajadores y trabajadoras. Para ATE, esas acciones formaron parte de una estrategia destinada a cuestionar el mecanismo dispuesto por la administración provincial.

El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, destacó la resolución del juez de amparo de la Cámara Segunda del Trabajo de Roca, Juan Ambrosio, y señaló que la decisión judicial reconoce el derecho de cada persona a tener control sobre la información vinculada con su identidad.

“Este es un fallo histórico que devuelve la libertad y la soberanía sobre la identidad de cada trabajador del Estado”, expresó Vicente al referirse a la resolución. El dirigente también cuestionó que el Gobierno provincial haya impulsado el sistema sin una instancia de consulta con el personal.

Desde ATE remarcaron que el planteo del gremio no apunta a rechazar los controles de asistencia ni el uso de herramientas tecnológicas. La objeción, indicaron, está relacionada con la obligatoriedad de entregar información biométrica y con la falta de mecanismos alternativos para quienes no quieran incorporarse al sistema.

Vicente también hizo referencia a las amenazas de sanciones disciplinarias que, de acuerdo con el sindicato, estuvieron vinculadas con la implementación del mecanismo. En ese sentido, sostuvo que los datos relacionados con la identidad de las personas deben contar con mecanismos de protección y control público.

Uno de los puntos que ATE resaltó del fallo es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa, que permite a cada persona decidir sobre sus datos personales y conocer el uso que terceros realizan de esa información.

El dirigente sindical también destacó que la resolución judicial toma como antecedente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, correspondiente al caso “Torres Abad, Carmen c/ EN - JGM s/ hábeas data”, dictado el 30 de abril pasado.

La resolución cuestionada por ATE había establecido una prueba piloto en el Ministerio de Salud para registrar la asistencia mediante reconocimiento facial, con posibilidad de incorporar geolocalización. Ahora, tras el fallo judicial, el gremio sostiene que quedó planteado un límite respecto del uso obligatorio de datos biométricos de trabajadores y trabajadoras estatales.