La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales y percibir haberes completos tuvo este jueves una nueva audiencia en Viedma, con la participación de otras cinco personas investigadas. Al igual que en la primera jornada, las defensas plantearon excepciones procesales vinculadas con la competencia territorial de los tribunales de esta ciudad.

Las presentaciones fueron realizadas por las defensas de quienes están sindicados como autores, representadas por los abogados Silva y Garrido, y por el defensor Broggini, quien representa a las dos personas investigadas como presuntos partícipes necesarios y que deben asistir a cada una de las audiencias. Además, Broggini pidió que sus defendidos sean exceptuados de concurrir a las próximas jornadas.

Los planteos no serán resueltos de manera inmediata. El juez de Garantías Adrián Dvorzak había anticipado durante la primera audiencia que analizará individualmente las excepciones y que adoptará una decisión una vez que haya escuchado a todas las partes involucradas en el expediente.

La causa alcanza a 119 personas imputadas y las audiencias fueron programadas inicialmente para los días 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre. Además, está prevista una jornada adicional para quienes no pudieron participar de las dos primeras audiencias por motivos justificados.

La discusión por la competencia

El planteo de las defensas había quedado expuesto con mayor detalle durante la primera jornada, realizada el miércoles 23 de septiembre. En esa oportunidad, la defensora pública María Paz Alvarez sostuvo que los hechos investigados no habrían ocurrido en Viedma ni en la Primera Circunscripción Judicial.

La hipótesis planteada por la Defensa es que los certificados médicos cuestionados eran retirados de un domicilio de General Roca, que fue allanado durante la investigación, y que su utilización se habría producido principalmente en localidades del Alto Valle, entre ellas General Roca y Cipolletti.

Para la Defensa Pública, tanto el presunto uso de los documentos falsos como la eventual defraudación al Estado se habrían consumado en esa región. También señaló que allí se encontraban el consultorio, la médica y la persona que habría gestionado los certificados, además de ubicarse parte de la evidencia y de los testigos vinculados con la investigación.

A ese planteo adhirieron abogados particulares que participaron de manera virtual desde General Roca. La Defensa sostuvo además que mantener el expediente en Viedma podría afectar las garantías vinculadas con el juez natural y la defensa en juicio, entre otros argumentos relacionados con la distancia entre ambas regiones.

La Fiscalía, integrada por Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, rechazó la excepción. Planteó que la competencia de los tribunales se extiende a toda la provincia, aunque las y los magistrados desarrollen prioritariamente sus funciones dentro de la circunscripción para la que fueron designados.

La acusación también señaló que más de 70 personas imputadas ya cuentan con defensa oficial de Viedma y que un eventual traslado de la causa implicaría nuevas designaciones. A esto sumó que el perjuicio económico investigado habría afectado a la Administración Pública provincial, cuya sede se encuentra en esta ciudad.

Otro de los argumentos de la Fiscalía estuvo vinculado con la producción de la prueba. El Ministerio Público sostuvo que buena parte del procesamiento de la evidencia se realizó en Viedma, con intervención de la OITEL, personal encargado de las pericias informáticas y profesionales contables.

La acusación indicó que solamente resta una pericia caligráfica, que también podría realizarse en Viedma. Desde esa perspectiva, descartó que la permanencia de la causa en esta ciudad genere una afectación concreta al derecho de defensa y planteó la necesidad de evitar demoras en una investigación que considera avanzada.

La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, adhirió a la postura del Ministerio Público. Remarcó que la presunta defraudación habría tenido como damnificado al Estado provincial y sostuvo que la declaración de incompetencia afectaría la economía procesal.

Cuándo se conocera la decisión

La definición sobre la competencia quedará para después de completar el cronograma de audiencias. El juez Dvorzak indicó que analizará cada excepción procesal de manera individual una vez que todas las personas imputadas hayan tenido la posibilidad de realizar sus planteos.

En principio, las audiencias concluirán el 9 de octubre, aunque se incorporará una instancia adicional para quienes no pudieron participar de las dos primeras jornadas por razones justificadas. Una vez finalizadas esas presentaciones, comenzará el análisis judicial de las excepciones.

De acuerdo con lo anticipado durante las primeras jornadas, la resolución podría conocerse alrededor del 13 de octubre, aunque primero deberán quedar firmes las decisiones sobre competencia para determinar quién será el juez natural que continuará interviniendo.

Recién después de esa definición podrán comenzar a efectivizarse las formulaciones de cargos en esta investigación. Mientras tanto, el expediente continuará con las audiencias previstas para las próximas semanas.