La megacausa Techo Digno, que investiga el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas en Río Negro, tuvo dos novedades judiciales: mientras el exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso enfrenta una nueva instancia para definir si corresponde una condena por malversación de caudales públicos, la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, fue sobreseída de manera definitiva.

En el caso de Gennuso, el Tribunal de Impugnación escuchó los argumentos de la Fiscalía y la defensa después de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenara examinar los mismos hechos bajo una figura penal distinta de aquella por la que había sido absuelto. En el expediente de Cervantes, en cambio, la jueza penal Claudia Alejandra Lemunao consideró que las pruebas reunidas no alcanzaban para atribuirle responsabilidad penal a Montanaro.

Gennuso: la Fiscalía pidió una condena por malversación

El fiscal Martín Lozada solicitó una sentencia condenatoria contra Gennuso por malversación de caudales públicos. La acusación está vinculada con la constitución de dos plazos fijos en el banco Credicoop por 105 millones de pesos, provenientes de fondos nacionales destinados al programa habitacional y depositados en una cuenta específica del Banco Nación.

Lozada sostuvo que el dinero fue apartado de su destino original, no se utilizó para construir las viviendas previstas y tampoco fue devuelto al Estado nacional, como establecía el convenio. También planteó que la maniobra provocó un daño o entorpecimiento del servicio público, en este caso, la ejecución de las unidades habitacionales.

El planteo se produjo después de que el STJ confirmara la absolución de Gennuso por peculado, pero ordenara al Tribunal de Impugnación analizar si los hechos podían encuadrarse en el delito de malversación, una figura de menor gravedad. La nueva evaluación debe realizarse sobre la misma base fáctica, sin iniciar otro juicio.

La audiencia fue presidida por el juez Emilio Chironi, junto con Emilio Stadler y Florencia Caruso Martin. Los magistrados rechazaron inicialmente un pedido de suspensión presentado por el defensor Manuel Maza, quien argumentó que todavía estaba pendiente de resolución un recurso extraordinario federal contra la decisión del STJ.

La defensa cuestionó el cambio de calificación

Maza rechazó que el proceso continúe bajo una figura penal distinta y sostuvo que esa modificación afecta el derecho de defensa. Argumentó que la malversación requiere acreditar circunstancias específicas, como el entorpecimiento del servicio, sobre las cuales su representado no habría tenido oportunidad de defenderse durante el juicio original.

También afirmó que Gennuso no tenía a su cargo la administración ni la custodia de los fondos, funciones que, de acuerdo con su interpretación de la Carta Orgánica municipal, correspondían a otros agentes. Además, reiteró que, cuando asumió la Intendencia en diciembre de 2015, las obras ya estaban paralizadas y la situación económica del municipio era compleja.

El defensor sostuvo que la constitución de los plazos fijos buscó resguardar el dinero y no provocar un perjuicio. También cuestionó que la Fiscalía hubiera sostenido la acusación por peculado y que ahora se analizara otra figura penal. A su entender, el cambio no corrige las falencias que atribuye a la acusación original.

Otro de los ejes de la audiencia fue la prescripción de la acción penal. Lozada planteó que el plazo aplicable a la malversación agravada es de dos años y tomó como referencia la apertura a juicio del 7 de noviembre de 2024. También mencionó la suspensión de los plazos por el regreso de Gennuso a la función pública, como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Maza rechazó esa interpretación. Sostuvo que el acto que interrumpe la prescripción fue la citación a juicio, del 28 de noviembre de 2024, y que el nombramiento en la comisión nacional ocurrió después. Por eso, pidió que se declare prescripta la causa y se absuelva al exintendente.

Cervantes: sobreseimiento definitivo para Claudia Montanaro

En otro expediente de la megacausa, la jueza Claudia Alejandra Lemunao dispuso el sobreseimiento definitivo de la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, investigada por su presunta intervención en operaciones con fondos del programa Techo Digno durante la gestión municipal de su padre, el exintendente Gilberto Montanaro.

La resolución, firmada el 21 de octubre, hizo lugar al pedido de la defensa, a cargo del abogado Torres, con el aval de la fiscal jefa Graciela Echegaray. La representante del Ministerio Público consideró que los elementos reunidos durante la investigación no permitían sostener una acusación penal contra la funcionaria.

La causa había comenzado en abril de 2017, a partir de una denuncia de Mónica Patricia Marchisella, entonces instructora sumariante del Ministerio del Interior y Obras Públicas. La presentación cuestionaba el manejo del convenio entre el Estado nacional y la Municipalidad de Cervantes para construir viviendas.

En diciembre de 2023, la Fiscalía amplió la investigación para determinar si Montanaro había participado, entre noviembre de 2014 y el 10 de diciembre de 2015, en operaciones vinculadas con los fondos públicos. Entre los hechos analizados estuvieron transferencias a las empresas Baszkir Construcciones, Eraiki S.A. y ECA S.A., pese a que las obras no habían sido medidas ni certificadas, además de movimientos de dinero cuyo destino no se había determinado.

Sin embargo, la evaluación de la documentación bancaria, las pericias contables y los demás elementos incorporados al expediente no permitió acreditar los requisitos necesarios para atribuirle un delito. La jueza consideró que la continuidad del programa durante la gestión municipal podía generar cuestionamientos administrativos, pero que eso no bastaba para establecer responsabilidad penal.

La resolución también distinguió la situación de Claudia Montanaro de la de su padre, Gilberto Montanaro, condenado el 30 de abril de 2026 mediante un acuerdo de juicio abreviado que quedó firme. El exintendente recibió una condena por defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso, por hechos relacionados con el manejo de los fondos del programa.

La investigación sobre Techo Digno en Cervantes comprendió contratos para la construcción de 135 viviendas: 44 a cargo de Baszkir Construcciones, 48 correspondientes a Eraiki S.A. y 43 a ECA S.A. La acusación contra Gilberto Montanaro estuvo vinculada con el control de las operaciones desde la firma del convenio hasta la disposición de los fondos y los pagos a las empresas.

En junio de 2026, la Fiscalía había desestimado provisoriamente las actuaciones contra Claudia Montanaro, una decisión que permitía reabrir la investigación si aparecían nuevas pruebas. El sobreseimiento dictado ahora cierra definitivamente el proceso penal en su contra.