El dictamen expresa que los hechos denunciados contra la empresa de transporte y el Ministerio de Educación de Río Negro encuadran en el artículo 1º. de la ley 23.592, que penaliza los actos discriminatorios.
La denuncia radicada en el año 2008  en la Delegación Río Negro del INADI por los padres de los alumnos afectados, relata que un colectivo que funcionaba como transporte escolar de la escuela rural mencionada, chocó contra la montaña y se desbarrancó por un precipicio de quince metros, provocando golpes y una situación de shock emocional a los 14 niños que se encontraban a bordo de la unidad.
Los padres declararon que los micros no se encontraban en condiciones técnicas y que no contaban con un preceptor que acompañase a los niños, a pesar de ser un requisito exigido por la normativa vigente. Asimismo, explicaron que no existía transporte público que pudiera asegurar otra forma de traslado de los niños, por lo cual se sentían "consumidores cautivos" sin derecho a exigir el cumplimiento de las leyes. Adujeron que este comportamiento refleja la negligencia de la empresa, así como de las instituciones públicas responsables de velar por la seguridad de los menores. 
El dictamen plantea que se “observa un incumplimiento en la prestación del servicio por parte de la empresa, pero también un incumplimiento en sus funciones por parte del Ministerio, órgano de control por autonomasia en la observancia de las condiciones en que se presta este delicado servicio, en el que se encuentra en juego nada más y nada menos que el acceso a la educación de niños que pertenecen a zonas rurales y vulnerables de nuestro país”.
Asimismo se destaca “un incumplimiento por parte de los órganos de control estatales, así como de las empresas licitantes. Teniendo en cuenta que el programa obedece a razones especificas de protección de los grupos más pobres y vulnerables de la comunidad, considero que este incumplimiento es arbitrario, es decir no se encuentra justificado, afecta el derecho a la educación y el derecho a la vida, al trasladar a estos niños en condiciones inseguras y se genera de esta manera un trato inferior y desigual con respecto a los niños que viven en zonas urbanas y que, tal como ha sido acreditado en el expediente, cuentan con unidades más modernas y en mejores condiciones”.   
Concluye el dictamen afirmando que “se produjo un acto o conducta discriminatoria en virtud del diseño y ejecución de una política de servicio de transporte diferenciada por la zona de residencia, con el consiguiente impacto que ha generado en la comunidad”. 
Respecto a este caso el delegado del INADI en la provincia de Rio Negro Julio Accavallo señaló “es una fuerte advertencia al Ministerio de Educación respecto al servicio de transporte que se  brinda a los alumnos rionegrinos. Es inadmisible que el estado ponga en riesgo la vida de los niños ya sea con la comida basura que se distribuía en las escuelas, como con la falta de preceptores y el nivel desastroso de las unidades asignadas al transporte”.