Los pedidos para enjuiciar a los miembros del STJ y al ministro Barbeito -presentados por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini- fueron rechazados por mayoría. El expediente que contempla el pedido de juicio a la Procuradora General no fue dictaminado.

El presidente del Cuerpo, Adrián Casadei (Alianza), consideró que ambos pedidos rechazados no se encuentran comprendidos dentro de lo que establece la Constitución provincial, tanto el del ministro de Educación, como el de los integrantes del STJ.

Con respecto al pedido de juicio a Barbeito, explicó que que la Constitución provincial establece que 55 días antes de la elecciones los ministros que son candidatos deben renunciar a su cargo y ese lapso se cumple el 1 de agosto. "Todavía no se ha formalizado su candidatura en la Justicia Electoral, seguramente se va a hacer y una vez que se efectivice el Ministro renunciará como corresponde", aclaró.

Casadei informó que el PJ se retiró alegando el incumplimiento del artículo 6 por la falta de una notificación a los denunciantes para ratificar la denuncia. "Se ve que no han leído la presentación, habida cuenta que la propia denunciante había pedido la eximisión de ratificar la denuncia, por lo cual nosotros creíamos que no se debía hacer ya que la propia denunciante fue la que pidió que no se la llamara para ratificar la renuncia", indicó.

Con relación al pedido de enjuiciamiento a la procuradora general Liliana Piccinini, presentado por el ciudadano --horacio Dorian Zarzosa, explicó que el cuerpo está esperando un informe. "Seguramente después del receso invernal nos volveremos a reunir y veremos cuál es la condición de ese expediente", apuntó.

Fuerte crítica del PJ

El bloque justicialista indicó en un comunicado que desde el oficialismo "pretendían imponer su mayoría simple intentando archivar inmediatamente aquel pedido, seguramente acuciados por la convocatoria al Consejo (previsto en el art. 204 de la Const. Provincial), efectuada por el Gobernador Saiz, y que debía realizarse a las 18 horas del día de hoy. La misma tenía por objeto -recordemos-, analizar la renuncia presentada por uno de los integrantes del Máximo Tribunal, Luis Lutz".

El legislador justicialista e integrante titular de la Comisión Sala Acusadora, Martín Soria, afirmó “como ya es habitual en estos personajes, una vez mas violaron de manera descarada los institutos de la Constitución, la Ley y su normal funcionamiento, con el objeto de salvar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al Ministro de Educación, al mismo tiempo, resolvieron avanzar en el Juicio Político contra la Procuradora Liliana Piccinini”.

Agregó que “en una vergonzo a reunión a puerta cerrada, sin acceso a la prensa y sin orden del día, dieron tratamiento a expedientes irregularmente ingresados, violentando toda la normativa que regula el procedimiento de Juicio Político y archivando en tiempo record el juicio político contra los miembros del STJ y del peor Ministro de Río Negro, sin dar tratamiento ni explicación alguna. Eso sí, resolvieron que a la Procuradora General y hermana de la Defensora del Pueblo -Dra. Liliana Piccinini- hay que enjuiciarla y echarla ya mismo”.

Soria advirtió que “nuevamente han hecho caso omiso al artículo 6 de la Ley 4340, que impone la necesidad que se notifique al solicitante del Juicio Político a los fines de ratificar la denuncia y suministrar los informes que los legisladores requieran. Indudablemente con ello, pretenden manipular  la Comisión Sala Acusadora utilizándola como un filtro para garantizar y pagar por la misma impunidad que diariamente le otorga el Poder Judicial de la Provincia”.

Concluyó indicando que “no tengo dudas, los rionegrinos estamos asistiendo al máximo nivel de decadencia institucional que registra la historia de nuestra provincia. A este régimen corrupto en retirada solo le resta asegurar el marco de impunidad que les evite terminar tras las rejas cuando el pueblo se exprese en las urnas”.