La nota con el pedido señala textualmente:

LA PELIGROSA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Me presento en esta Procuración General del Poder Judicial en mi carácter de ciudadana y siguiendo el ejemplo del legislador Martín Ignacio Soria, quien como representante del pueblo comparte mis derechos pero, justo es subrayarlo, debería superarme en obligaciones y de sus acciones infiero que es en este lugar en donde debo requerir la atención de la Procuradora.

Mucho se ha hablado de la judicialización de la política. Es un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional y atraviesa tanto el nivel municipal como el provincial o el nacional. Sin duda hay un paradigma que hace crisis y cuyo emergente parecería concretarse en este auxilio que la política solicita a la Justicia.

En ese marco, justo es señalar que las cosas ocurren por que es posible que ocurran y la Justicia se exhibe en toda su labilidad para permitir que estos síntomas marquen el tejido social.

Si la política se debilitó e introdujo a la Justicia en su accionar, es igual de acertado afirmar que la Justicia se politizó y con una naturalidad que no deja de sorprender se avino a compartir incumbencias con la política.

Si la política se muestra en sus falencias y confiesa su incapacidad delegando en la Justicia sus importantes atribuciones, es menester reconocer que la Justicia acepta el convite y se politiza.

En esa línea cabe destacar el peligro que se corre de alentar a un ciclo de violencia como los que ya se atravesaron en el país al superponer roles.

Apostar a la inocencia de los actores que sucumben a la voluntad de protagonismo o a ocupar espacios para los que nadie los eligió, arrogándose la representatividad de ciudadanos que nunca los votaron por que nunca compitieron para cargo electivo alguno, es tan riesgoso, tan provocativo, tan desmesurado y al mismo tiempo tan aceptado socialmente que alarma.

En este marco, como simple ciudadana rionegrina vengo a requerir de la Procuradora, en principio, me señale porqué si el gremialista y candidato a legislador del PJ Roberto Vargas admitió haber comprado la información que sustenta la denuncia que personalmente le hizo el legislador Martín Soria, esta venta de información, que es claramente ilegal - (¿debería llamarla cohecho?) -, no fue investigada.

Adjunto por si se les hubiera escapado esta iniciativa comercial del gastronómico, la nota publicada en ADN al respecto, como así también el nombre del periodista Humberto Gattas quien recibiera oportunamente el testimonio del mencionado.

¿Es acaso que los hechos no deben analizarse en tu totalidad, aunque esto afectase los intereses que pudieran afectar? O bien, ¿debemos entender que esta denuncia, netamente politizada y exhibida en todo su esplendor a 20 días de las elecciones provinciales, con claro coste para al candidato de la
Concertación, resulta parte de una estrategia en la que como un militante más de la política, la Justicia se suma con energía juvenil?

Digo, y afirmo, que esta denuncia política, si bien se expuso en el año 2004, se sobreexplotó periodísticamente desde el diario Río Negro en ese mismo año; se reflotó con una investigación de la fiscal Zágari que por fin desestimó el tema; se la reeditó en enero de este año 2011, en el marco de una interna en el principal partido de la oposición, cuando luego de un Congreso partidario, el aspirante a una candidatura como legislador por representación poblacional, el gremialista Roberto Vargas cae en la cuenta de que el titular del PJ y candidato a gobernador por esa fuerza, el intendente de General Roca, Carlos Soria lo desplaza sometiéndolo a dirimir su chance como candidato a legislador por el circuito, en una interna partidaria; tiene la vitalidad de cualquier instrumento que se utiliza durante una campaña que podría calificarse de sucia.

Este instrumento de una estrategia de campaña, difundido con fruición por el diario Río Negro y para lo que era imprescindible la vehiculización de la
Justicia, se exhibe en su sentido netamente utilitario toda vez que de la denuncia publicada a partir de los dichos de Roberto Vargas y luego instrumentada legalmente por el hijo del candidato a gobernador Carlos
Soria, el legislador Martín Soria, se sustancia en la previa de la elección provincial, llegando al paroxismo mediático de citar a ministros y ex ministros del ejecutivo, casi todos ellos ahora candidatos, para declarar ante un Juez, exponiéndolos en una vidriera de propaganda negativa.

Podría, con una generosidad rayana en la esplendidez, suponer que hay un margen de ingenuidad en este accionar de no ser por algunos datos más propios de una comedia de enredos que del majestuoso papel que compete a aquellos que conforman cualquiera de los tres poderes del Estado rionegrino, donde un Juez como Reussi cita a funcionarios a explicar cuestiones vinculadas con una adicional salarial, o como él prefiere llamarlo, un sobresueldo, que ¡cobra su mujer desde el año 2004!

Luego, podría continuar con el margen de ingenuidad y no subrayar que no hay indicios públicos de que esta Procuraduría haya iniciado una investigación en relación a los adicionales que hicieron la alegría de la Defensoría del Pueblo y de su ex titular, la abogada que comparte apellido con la procuradora, ambas Piccinini.

Debo destacar a esta altura que la dra Ana Ida Piccinini, hermana de la Pruradora Liliana Piccinini, fue varias veces legisladora provincial por lo que de ningún modo existe la posibilidad de que desconociera la cuestión habitual de los adicionales y puntualizo que como mínimo conoce de adicionales como los gastos reservados que percibió durante años.

En esta misma línea, debo decir que el Poder Judicial regularmente sabotea el acceso a la información pública cuando de informar sobre los MIG se trata, adicionales que de acuerdo a las denuncias públicas realizadas hasta el hartazgo por Sitrajur, se abonan arbitrariamente y conforman el pago, incluso por la participación de los funcionarios judiciales en comisiones interpoderes.

Adjunto fotocopia de la nota realizada a la gremialista Adriana Saber el pasado 30 de agosto y publicada luego en el sitio www.frecuenciavyp.com.ar

Otra pregunta que requiere respuesta de la Procuradora a una ciudadana de a pié, es, ¿porqué al Dr. Echarren cuando era Fiscal General se le pidió el juicio político para ser indagado en la causa que lleva el dr. Reussi? ¿Y el Agente Fiscal Álvarez no pide esta actuación contra los actuales Ministros en funciones?

La sumatoria de datos que me permiten señalar las motivaciones políticas y, claro, partidarias, en el accionar de la Justicia, encuentran por lo menos curioso que el Juez Reussi que en más de una oportunidad se ha excusado en tanto su mujer, la abogada Lucrecia Rodrigo resultara parte o testigo en alguna causa, no se compadece del silencio de radio que hizo en la causa Mildenberger, que también le tocó en suerte.

A nadie escapa que luego de su renuncia, Mildenberger es suplantado por su segunda en la secretaría, la arquitecta Verónica García, quien está casada con un sobrino de Mildenberger. La arquitecta es socia de la mujer del Juez, la abogada Rodrigo, en un empredimiento comercial de amoblamiento infantil, ubicado en la avenida 25 de mayo de Viedma.

Resumiendo, la posible participación de esta PROCURACION GENERAL en la estrategia de campaña de un candidato a gobernador, merece como mínimo, una explicación a los ciudadanos de a pié. De no ser así, como mínimo, los ciudadanos merecemos, saber por que no se investigaron estos puntos que arriba señalo.

Si bien es cierto que podrán aducirse que ninguna de estas cosas se investigaron, del mismo en que luego de tantos años, la Justicia sigue sin dar respuesta en las investigaciones de casos que a los ciudadanos comunes nos apenan hasta el infinito, tales como los crímenes irresueltos de Atahualpa Martínez en Viedma u Otoño Uriarte, en Fernández Oro. ¿Porqué esperar una respuesta cuando estas dos familias siguen a la espera de saber quienes son los culpables de los asesinatos de sus hijos?

Por fin y en el marco de una PELIGROSA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA, lo que puede desembocar en situaciones de violencia institucional lo que luego, como muchos hemos visto en otros años, se continúa en la violencia más brutal, la que se lleva a nuestros hijos, es que me presento como ciudadana que contribuye con sus impuestos para sostener el funcionamiento del aparato de Justicia en general y de esta Procuración en particular y requiero se investigue, como mínimo, la acción de compraventa de información como así también todo lo atinente a los adicionales de los que usufructuó la Defensoría del Pueblo, la mujer del
juez Reussi y de la ex legisladora Ana Piccinini durante los años 2004/2006 para desalentar de este modo, la duda sobre la imparcialidad del magistrado, duda que seguramente comparto con muchos de mis conciudadanos.

                                                        María Claudia Beltramino
                                                                DNI 13.214.719